La Fiscalía concluyó que el alcalde de Arequipa, Omar Candia, cometió delito al direccionar la compra de 40 cámaras de seguridad, en el 2012. Por tal razón, pidió a la Primera Sala de Apelaciones de Arequipa que anule la sentencia absolutoria de primera instancia.

De esta manera, la fiscalía sustentó este miércoles sus alegatos finales en el juicio donde se revisa el caso del exalcalde distrital de Alto Selva Alegre. El fiscal Carlos Herrera sostuvo que Candia Aguilar y sus funcionarios favorecieron al consorcio Soluciones Andinas para que se adjudique la obra. Su conducta causó perjuicio en la comuna porque el sistema de videovigilancia estuvo inoperativo. Además, generó el pago de una multa a Seal.

Candia es responsable

La fiscalía afirmó que Candia Aguilar trató de deslindar sus responsabilidades al delegar sus funciones a su gerente municipal, Daniel Gómez Benavente. Repitió el mismo accionar al trasladar sus obligaciones a su asesor Antonio Acosta Villamonte, pese a que la ley no lo permitía. Según la fiscalía, el comportamiento del burgomaestre demuestra que preparó todos estos actos para cometer el delito.

Además, resulta inverosímil que Omar Candia, siendo abogado, desconozca las normas en cuanto a los procedimientos de contratación. Tampoco es creíble que la autoridad no recuerde los documentos que firmaba en su despacho, como ha argumentado.

Nuevo juicio

El fiscal Carlos Herrera pidió que se anule la sentencia absolutoria de Candia Aguilar y la de su gerente Daniel Gómez, dictada en julio último. Debido a este proceso irregular de contratación, el edil debería ser condenado a 8 años de cárcel y al pago de una reparación civil de más de 2 millones de soles. Así ocurrió con sus funcionarios.

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría sostienen que la sentencia de primera instancia no se encuentra debidamente argumentada. Además, el exjuez Roberto Salas cae en contradicción al absolver a Omar Candia, sin embargo, reconoce que hubo delito de colusión agravada y dicta condena para los demás involucrados.

Por su parte, la defensa del alcalde ha rechazado la imputación fiscal y sostiene que su patrocinado cumplió con las normas para delegar funciones. El pedido de su abogado es que se mantenga la sentencia de primera instancia, pero que no se haga efectivo el pago de una reparación civil.

Fuente El Búho

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