Ante las mutuas acusaciones entre oficialismo y oposición, sobre favoritismo a familiares de ministros, congresistas, viceministros y otros altos funcionarios, que son contratados por el Estado, la Resolución 01-2018-CG/INS de la Contraloría General de la República (CGR) señala que esta situación no significa delito o falta alguna.
Esto se decidió a raíz de que en 2014 la hija de Daniel Urresti trabajaba en el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros), mientras el general en retiro era alto comisionado contra la minería informal, y luego asumió como ministro del Interior.
En junio de 2018, Rocío Silupú Carrión, jefa del Órgano Instructor Sede Central 1 de la CGR, determinó la “improcedencia del inicio de proceso administrativo sancionador”.
Si bien el literal f, art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado señala impedimentos para ser postor y/contratista, si se es familiar del Presidente, vicepresidentes, congresistas, ministros, viceministros, vocales supremos y directores de órganos constitucionales autónomos, hasta el cuarto grado de consanguinidad, ya existía una opinión de OSCE de 2013, que aplicaba solo para contratos con pago mensual igual o menor a 3 UIT (S/ 12,600).
Una situación similar se evidencia con el contralor Nelson Shack, cuya esposa, Ana Patricia Cardozo Saldaña, trabaja como coordinadora parlamentaria de la Defensoría del Pueblo, con una remuneración mensual de S/ 11,000, alrededor de 1,500 menos del tope.
LEGALIDAD
Según esta resolución de Contraloría, ninguno de los casos denunciados en las últimas semanas (esposo de Yeni Vilcatoma, hermanos del ministro Carlos Oliva, hijo de Luz Salgado, hermano de María Elena Foronda, etc.) violó alguna ley o norma administrativa.
Fuente Diario Expreso
