La Sala de Apelaciones Anticorrupción ha decidido en los últimos días de febrero confirmar una resolución que rechazó el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Fernando Camet Piccone, exgerente general de la empresa JJC Contratistas Generales S.A..

Camet, así como el exapoderado y exgerente comercial de JJC, Rómulo Bonilla Osorio y Néstor Martínez Lévano respectivamente, se vieron beneficiados con la decisión del tribunal superior.

Los exdirigentes de dicha empresa están en calidad de investigados en el caso Club de la Construcción, de manera que el equipo especial Lava Jato les ha imputado la comisión de tres presuntos delitos: asociación ilícita agravada, colusión agravada y lavado de activos.

Según la hipótesis de la Fiscalía, JJC formó parte del “Club” que operó entre los años 2011 y 2014, beneficiándose con tres licitaciones y un concurso público, “en su mayoría con propuestas económicas superiores al valor referencial, limitando la participación de otras empresas que no pertenecían a la organización criminal, lo que impidió que Provías Nacional contrate a otros postores”.

Como rastro de esta supuesta actividad criminal, existen también transferencias de dinero entre Provías Nacional y la empresa JJC, que luego llegó a la empresa Lual Contratistas Generales para ser entregado a Nadine Heredia, Ollanta Humala, Carlos García Alcázar y los hermanos Carlos y José Paredes Rodríguez.

El caso del “Club” se remonta al 2011, durante el gobierno de Ollanta Humala, y se centra en las concertaciones que hubo entre un grupo de constructoras y empresas peruanas que llegaron a acuerdos ilegales con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Nacional y otros exfuncionarios para ganar la adjudicación de obras públicas.

El 21 de enero último, la jueza María Álvarez Camacho decidió en primera instancia desestimar el pedido de impedimento de salida del país contra los implicados debido a que la Fiscalía no sustentó adecuadamente ni presentó elementos sobre peligro procesal o de fuga de los implicados.

El tribunal integrado por Ramiro Salinas, Yenni Magallanes y Víctor Enríquez acogió estos argumentos de primera instancia y ratificó la negación de la medida solicitada por el Ministerio Público.

“Se evidencia la carencia de motivación del requerimiento fiscal de impedimento de salida del país y, en instancia de apelación, el Ministerio Público pretende enmendar estos defectos alegando agravios que le genera la decisión de primera instancia; fundamentos que no son de recibos por esta Sala Superior y, en consecuencia, debe confirmarse la resolución materia de grado”, señala la resolución del tribunal.

Fuente La República

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