La corrupción es uno de los males endémicos de nuestro país. El desaparecido historiador Alfonso Quiroz la definió como el mal uso del poder político burocrático por camarillas de funcionarios, coludidos con mezquinos intereses privados, con el fin de obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas de desarrollo social mediante la malversación o el desvío de recursos públicos, junto con la distorsión de políticas e instituciones.

Recordar una de las definiciones de este flagelo es pertinente en la coyuntura actual. El Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato desarrolló ayer en Brasil una nueva ronda de interrogatorios a los exdirectivos de la empresa Odebrecht con la finalidad de recoger información sobre los actos de corrupción cometidos en el Perú por esa empresa brasileña.

Odebrecht, compañía con presencia en países de varios continentes, admitió en el 2016 que pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos para ganar contratos de obras públicas con el Estado. En un hecho traumático para nuestro país se descubrió luego que varios ex jefes de Estado estaban involucrados en este asunto.

De acuerdo con lo declarado en días previos por los miembros del Equipo Especial, parte central de la diligencia consistía en averiguar la identidad real de un grupo de 71 personas que recibieron dinero de forma ilegal de Odebrecht y que están registradas con codinomes o seudónimos.

Jorge Barata, exapoderado de la compañía brasileña, está obligado a entregar toda la información a los fiscales en virtud del acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con el Ministerio Público, instrumento que facilita las investigaciones y cuya legalidad fue homologada por el Poder Judicial.

Las investigaciones del caso Odebrecht y el acuerdo de colaboración eficaz han recibido el respaldo del Gobierno. No podía ser de otro modo, pues pelear contra un enemigo de esa envergadura hace necesaria una estrategia multisectorial y que comprometa a todo el Estado.

El Perú no puede tener un sistema político premoderno en el cual la corrupción actúe como una especie de lubricante para hacer funcionar al Estado y a ciertos grupos emergentes, como señaló Quiroz. Ese relativismo debe ser desterrado. Debemos aspirar a ser un país en el cual la corrupción sea la excepción y no la regla, como ocurre en algunas de las naciones más desarrolladas.

Esa cruzada es prioritaria. Afortunadamente, la mayoría de ciudadanos es consciente de esta urgencia. Según un sondeo nacional elaborado en julio por el Instituto de Estudios Peruanos, el 68% de encuestados considera a la corrupción como el principal problema del Perú.

Por ello, cualquier propuesta política no puede estar ajena a la necesidad de incluir planes integrales de combate a la corrupción, tanto en el ámbito preventivo como en el punitivo, considerando, además, a la sociedad civil como un actor de fiscalización permanente.

Del mismo modo, es fundamental que los ciudadanos transformemos en medidas concretas la indignación que nos producen los actos de corrupción. Un primer paso sería no apoyar nunca a políticos involucrados en este tipo de casos.

Fuente El Peruano

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