La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios concluyó que existió concertación de intereses en la aprobación de la adquisición de 980 computadoras a precio sobrevalorado durante la presidencia del Congreso a cargo de la fujimorista Luz Salgado Rubianes.
En 2016, una investigación de La República destapó la compra de equipos de cómputo con sobreprecio respecto al valor del mercado, y que el proveedor era una empresa de fachada con oficinas en un pueblo joven de Trujillo. Más de tres años después, el Ministerio Público determinó que existen indicios para formular acusación contra los implicados.
Entre los imputados se encuentra el exoficial mayor del Congreso José Cevasco Piedra, a quien la Fiscalía atribuye la autoría del delito de negociación incompatible y solicita 5 años de pena privativa.
«En su condición de oficial mayor del Congreso, se interesó indebidamente en la compra de 980 computadoras de escritorio (…) en provecho de terceros, para lo cual ordenó que se hicieran nuevos informes y cambiar la cantidad de 269 a 980 unidades, aduciendo que existían computadoras desactualizadas y obsoletas», indica la resolución fiscal.
Otro de los acusados es el exjefe de la Oficina de Tecnología de Información José Castro Paragulla, para quien la Fiscalía ha solicitado 5 años de cárcel.
También resultan comprendidos en el requerimiento acusatorio el exjefe del Área de Operaciones Eduardo Prieto Hernández y los funcionarios Fernando Flores Sifuentes, María Bravo Roncal, Sergio Romero Loyola, Rocco Romero Grados y Roberto Fajardo Saucedo.
Cuando este diario reveló el caso, Salgado y Cevasco negaron los hechos y afirmaron que se trataba de una «campaña de desprestigio» hacia la gestión fujimorista del Congreso.
No obstante, al poco tiempo, la auditoría interna del Congreso detectó que la necesidad de comprar 260 computadoras estaba justificada –como se había planificado originalmente–, pero no la de 980.
La gestión de Salgado pretendía enviar dos equipos a cada despacho de los 130 congresistas, y el resto a los talleres de carpintería, soldadura y pintura, al área de transporte y mensajería, entre otros.
Fujimorismo blindó a Salgado para que no la investiguen
«El día que a mí me demuestren que algún funcionario no ha cumplido con su deber y las órdenes que les hemos dado, yo no me aferro a ningún sillón ni a ningún cargo, porque los cargos no hacen a las personas», declaró Luz Salgado cuando La República publicó el caso de las computadoras.
«Son las personas las que se ganan el respeto con su vida diaria. Y a mí me van a tener renunciando si es que algunos de mis funcionarios por A o B han incumplido esa función», aseguró.
No obstante todos los indicios, ahora ratificados por la investigación de la Fiscalía, Salgado no cumplió con su palabra de renunciar. De hecho, la Comisión de Ética, controlada por el fujimorismo, se negó a investigarla.
Fuente La República
