Ante los cuestionamientos por el retraso de la obra de la planta de transferencia, y que significó que el ayuntamiento chiclayano presente una carta notarial para rescindir el contrato por 10 millones 486 mil soles, ayer el gerente de la Constructora CRD S.A. sucursal Perú, Juan Rocha Díaz, no solo denunció los presuntos vicios ocultos del expediente técnico, sino también la no elaboración del informe del supervisor local y la tardía aprobación del cronograma acelerado por parte de la municipalidad.

La República dialogó con  Rocha, quien aseguró que el principal objetivo de la contratista en el proceso de conciliación, el que se ventila en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lambayeque, es continuar con la ejecución de la obra.

“Hay muchos intereses para que la obra no se ejecute. Nosotros no queremos llegar al arbitraje. Esperamos llegar a acuerdos”, enfatizó.

Respecto a la supuesta ineficiencia del expediente, el empresario aseguró que se disgrega en cerca de cien observaciones. Indicó que las principales se comunicaron a la municipalidad provincial (MPCh).

Explicó que los trabajos se iniciaron el 4 de diciembre de 2017 a pesar de que el contrato se firmó en abril del mismo año. El motivo fue los problemas que tuvo el municipio en la elección de la empresa supervisora.

Fue al momento de la intervención que la contratista detectó que el terreno no estaba localizado para dar inicio a la obra en el kilómetro 3.5 de la carretera a San José. Es por eso que Rocha anotó que se realizó un estudio de geolocalización para no afectar a los linderos adyacentes.

También se detectó que el expediente técnico especificó 1.5 metros de remoción de tierras, sin embargo se encontró 3 metros.  Añadió que el documento contempló la reutilización de la tierra, un hecho que no ocurrió, pues se encontró gran cantidad de basura.

En ese sentido, afirmó que se solicitó a la municipalidad el pago del 10% del costo total de la obra.

En esa línea subrayó que el 18 de abril de 2018, la contratista entregó al supervisor el cronograma acelerado de trabajo para su aprobación, y se le reiteró el 24 de mayo, pero no hubo respuesta hasta el 1 de junio pasado.

“¿Cómo es posible que afirman que incumplimos con ejecutar el cronograma, si la municipalidad lo aprobó cuando rescindió el contrato”, anotó.

Fuente La República

Translate »