Resta un poco más de seis meses para que culmine la gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Elidio Espinoza Quispe, y las acusaciones por presuntas irregularidades en contra de la mayoría de sus funcionarios se realizan con mayor frecuencia.

En las últimas dos sesiones de concejo, el pleno autorizó a la Procuraduría Pública iniciar acciones legales en contra de varios servidores de confianza, debido a que su accionar lindaba, en algunos casos, con hechos delictivos.

Sin embargo, ayer, el burgomaestre, en una entrevista concedida a Correo, negó tener algún tipo de responsabilidad en esta situación.

Es más, sostuvo que si hubo algo irregular, será la Fiscalía y el Poder Judicial las entidades que tendrán que absolver o sancionar al funcionario.

Alcalde, al menos ocho funcionarios de su gestión han sido comprendidos en una investigación que realizó el Órgano de Control Interno (OCI) por, presuntamente, haber direccionado una licitación pública para comprar 16 camionetas. Ahora, la Procuraduría ha sido autorizada para denunciarlos penalmente. ¿Qué puede decir al respecto?

En la administración pública, hay organismos que tienen que hacer su trabajo y hay instituciones que tienen que resolver si son inocentes o culpables. Yo siempre lo he dicho, toda persona que está en la función pública es sujeto de cualquier investigación, denuncia o imputación, pero son los entes correspondientes los que tendrán que definir. Como parte de la mecánica, por intermedio del procurador se ha autorizado a que denuncie los hechos ante la Fiscalía o Poder Judicial, eso es lo que ha ocurrido.

Pero, los regidores han señalado que usted tiene responsabilidad política, porque es el alcalde el que designa por confianza a los funcionarios en esos puestos.

Por eso digo, cuando hay una imputación de hechos como ha sucedido, lo que se hace es retirarle la confianza a ese funcionario, y eso se hizo, se le retiró la confianza a varios funcionarios para que se sometan a los procedimientos; eso es lo que compete a una autoridad o a una persona que está en la administración pública. Acá no se tapa a nadie. Si bien es cierto uno lo designa y no cumple como debe ser su trabajo, se les aparta y eso es lo que ha ocurrido en su momento, y ya serán las instancias correspondientes las que determinen.

¿Lo que quiere decir es que no le alcanza responsabilidad a usted, porque los retiró de los cargos cuando sucedió esto?

Claro, pero hay que tener en cuenta que la responsabilidad no lo determina ni usted, ni yo, ni ninguna otra persona, lo hace el juez, en un juicio justo y de acuerdo a las normas procesales. Mira, cada vez que hay algo supuestamente irregular, por intermedio del procurador se interpone la denuncia y eso es parte del trabajo, aquí no hay nada nuevo, ni nada oculto.

Pero, se sabe que hay todavía algunos funcionarios que se mantienen trabajando en los puestos que hoy están bajo la lupa de OCI. ¿Qué pasó ahí?

Hay personas que trabajan, y que son permanentes, que están en las áreas, pero cuando se trata de cargos de confianza uno los retira. Pero, antes de eso están las investigaciones y así lo dicen nuestras normas nacionales. Nosotros estamos sometidos a ello, acá no hay ningún Cristóbal Colón que descubre los hechos, acá son hechos que tienen que resolverse en las instancias que la misma Constitución lo establece.

Sin embargo, el informe de OCI es contundente y da indicios de que sí hubo un supuesto direccionamiento en la compra de las camionetas.

Te vuelvo a repetir que eso lo determinarán las instancias correspondientes. Se puede tener una percepción, puede haber una sindicación, pero son la Fiscalía y el Poder Judicial los únicos que pueden determinar la sanción o inocencia de alguien. En mi caso, cuando uno pierde la confianza en un funcionario que lo ha convocado para determinado cargo, solo se lo retira; pero eso no quiere decir que es culpable o inocente.

¿Entonces, para usted no se puede afirmar que hubo direccionamiento en la compra de las camionetas, al menos, por ahora?

No es la santa palabra, usted puede acusar algo, pero son los representantes de las instituciones los que tienen que resolver este tema. Ellos tendrán que decir, hubo o no hubo, ocurrió o no ocurrió. Toda acusación es sujeta a investigación; lo que pasa es que no estamos acostumbrados a esperar los resultados. Lo más fácil es dañar honras y buscar responsables, pero nadie puede escupir al cielo porque te cae en la cara. Hay que esperar que las instancias hagan su trabajo.

Alcalde, el OCI también ha recomendado que se inicie acciones legales contra varios de los funcionarios por haber cobrado beneficios económicos por pactos colectivos que solo le correspondía a los trabajadores permanentes. El pleno ha facultado al procurador para que los denuncie. ¿Qué opina sobre esto?

El Poder Judicial es el único que puede determinar. Lo he dicho en más de una oportunidad, son más de 520 funcionarios que a través de los últimos 30 años han cobrado y lo único que han sacado a la luz es del 2014-2016.

Pero la normativa sostiene que no pueden cobrar ese bono los funcionarios de confianza.

Pero si por 30 años vienen cobrando, qué le dice su criterio, simplemente se continúa pagando. Ahora si hay algo que tiene que corregirse, lo hicimos, en el 2015 se suspendió, pero que determine el Poder Judicial.

¿Usted cree que fue intencional que en su gestión se investigue esto y se diga que es un cobro ilegal?

Toda una vida se cobró. Son más de 500 funcionarios los que cobraron, incluso hay algunos que ahora son regidores, tal como el señor Hernán Aquino; pero nadie le pregunta. Sin embargo, nosotros en una forma transparente lo cortamos el 2015 y dejamos de cobrar.

Otro cuestionamiento a sus funcionarios se dio en la última sesión de concejo, en la que se les tildó de “negligentes” y se les acusó de no realizar su trabajo, por no tener una lista oficial de familias damnificadas por el fenómeno El Niño, a pesar de que ha pasado más de un año del desastre. Ahora, sin esa relación, el Servicio de Administración de Tributaria de Trujillo no podrá exonerarlos del pago de arbitrios.

Me parece que ahí tenemos una interpretación distinta. El año pasado se aprobó una ordenanza que tuvo un plazo de 60 días para que los damnificados se puedan acoger a este beneficio; pero, como ya pasó más de un año y como estamos hablando que dicha ordenanza estuvo vigente solo por dos meses, se ha buscado ampliar el plazo y estamos en ese trabajo de confirmar esa lista.

Los regidores señalan lo contrario; es más, sus propios funcionarios de las gerencias de Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y Defensa Civil han coincidido en aceptar que no tiene esa lista de damnificados debidamente verificada en campo.

Le vuelvo a indicar que el año pasado, de acuerdo a una relación de damnificados, se aprobó una ordenanza beneficiando a muchas familia. Lo que quiero decir es que sí hay una ordenanza, no se está sacando recién, aquí hay una confusión, porque pasado un año la evaluación tiene que seguir haciéndose para que se sigan acogiendo a ese beneficio. Sé que los regidores lo aprobaron.

Cambiando de tema, ¿cómo está en el trabajo de elaboración de expedientes para ejecutar obras del proceso de reconstrucción?

Tenemos diez expedientes y, de acuerdo a las normas, estamos esperando las transferencias económicas. Pero, ojo, Trujillo no recibe aportes de la reconstrucción aún. Nos dicen que se ha dejado 400 millones para la región La Libertad, solo tres millones nos dieron y esas obras ya se están ejecutando. Sin embargo, son los trujillanos los que están aportando más de 13 millones de soles para rehabilitar la ciudad. Es más, ya aprobamos ceder el terreno para viviendas para las personas damnificadas por El Niño Costero, pero el Ministerio de Vivienda todavía no firma el convenio, nosotros cumplimos, ya está en ellos el tiempo que se demoran, pero seguimos trabajando, no nos quedamos dormidos.

Para finalizar, el tema de la inseguridad en Trujillo es algo permanente. Hace poco han asesinado a personas a balazos cerca de comisarías y en pleno centro de la ciudad. ¿Cómo frenar esto?

Bueno, la incidencia en delitos menores ha descendido, pero ya es trabajo de las autoridades policiales replantear su sistema de trabajo, sus operaciones, porque estamos hablando de delitos que van contra la vida y ahí son los hermanos policías los que trabajan fuerte con el apoyo de todas las instancias; por eso existe una plataforma tecnológica de videocámaras para que tengan una mejor capacidad de respuesta.

¿Qué parte le corresponde a usted como alcalde?

A nosotros nos compete la labor preventiva. Hay una organización contra el crimen organizado integrado por Fiscalía, Policía y Poder Judicial. Hemos cumplido con el trabajo que nos toca, de acuerdo a las competencias que tenemos.

Fuente Diario Correo

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