Luego de conocerse que la empresa Odebrecht reconoció el pago de ilícitos por obras de agua potable en Iquitos y Chimbote, un informe de la Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico por S/ 9’375,952.47 en la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Iquitos, en la región Loreto”.

Este daño fue ocasionado por pagos indebidos a favor del contratista (Odebrecht) y como consecuencia de un arbitraje no aplicable. En el caso se identificó la presunta responsabilidad penal y civil de 10 exfuncionarios de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Sedaloreto, así como del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Según una fuente fiscal, ya estarían identificadas las personas implicadas en los ilícitos que reconoció Odebrecht por estas dos obras de saneamiento en Loreto y Chimbote. Se conoció que en los próximos días se solicitará medidas restrictivas para los implicados.

Auditoría

La investigación fue declarada compleja por la Fiscalía, que solicitó a la Contraloría la conformación de una comisión para que realice una auditoría de cumplimiento de dicha obra; y cuyos resultados del informe se pusieron a disposición de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales con Sede en Lima.

El informe detalla que en el período correspondiente entre marzo de 2006 y diciembre de 2017 se evidenció que las condiciones para la entrega del desembolso por concepto de “anticipos para movilización” y “crédito por materiales e instalación”, establecidas en la Licitación Pública Internacional N° 001-2006/EPS Sedaloreto S.A., fueron modificadas irregularmente durante la suscripción del contrato.

Además, los exfuncionarios aprobaron la liquidación definitiva de la obra, con modificaciones a las fórmulas polinómicas (estructura de costos del presupuesto), con un incremento económico injustificado.

Adicionalmente, acordaron el otorgamiento de una ampliación de plazo que no correspondía; la suscripción del acta de recepción de obra sin haberse concluido los trabajos; la aceptación de “arreglos amistosos” no permitidos por el contrato y desfavorables para la entidad; y la realización de un arbitraje ad-hoc que no era aplicable, entre otros.

Dato

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Loreto tenía a cargo las investigaciones, pero derivó el caso al Equipo Especial Lava Jato, que lidera el fiscal superior Rafael Vela Barba.

Fuente Exitosa Noticias

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