La compra de 10 compactadoras por parte del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), para afrontar la crisis de la limpieza pública en el distrito de José Leonardo Ortiz, sigue envuelta en controversias.

Esta vez, la empresa contratista solicitó el reembolso de 293,333 soles que la entidad le negó en su momento, al aplicarle una penalidad por supuestamente entregar la maquinaria fuera del plazo establecido. El caso ahora será visto en un proceso de conciliación.

DESACUERDO. Mediante la resolución ejecutiva regional N° 294-2018, el Gobierno Regional de Lambayeque autoriza a su procurador público, Amado Rodríguez Monteza, para que participe en la respectiva audiencia de conciliación, luego de que la entidad fuera invitada a la misma por la compañía Automayor SA Sucursal del Perú.

Según el documento, esta última ya había hecho el pedido en agosto último, con el objetivo de solucionar el problema de “el pago total del contrato, por lo tanto el reembolso del monto de S/ 293,333.33 que se nos negó y aplicó por concepto de penalidad”.

De acuerdo al contrato firmado con Automayor SA, el plazo para la ejecución es de 45 días calendarios. La posición que defiende el GRL es que dicho periodo se debe computar desde el día siguiente a la entrega de la orden de compra N° 000251, del 9 de marzo de este año.

Esto a pesar de que en dicha orden de compra se consignaron 3 compactadoras y quedaron pendientes 7, al no ser un contrato por ítems sino mediante el sistema de suma alzada. Por tanto, el GRL consideró como fecha límite el 24 de abril, mientras que las nuevas compactadoras, en su totalidad, fueron recepcionadas el 7 de mayo.

Sin embargo, para la empresa, debió computarse el plazo desde el día siguiente de recibida la segunda orden de compra, N° 000328, del 28 de marzo, con lo que el periodo habría culminado el 12 de mayo y, según la contratista, no procedería la penalidad.

Fuente Diario Correo

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