Detrás de Lava Jato y otros casos de corrupción de gran impacto, está pasando desapercibida la pérdida de centenares de millones de soles en malas intervenciones directas del Estado en la economía. Por ello, es importante no descuidar la discusión sobre cuándo y cómo debe intervenir el Estado.
La izquierda está cuestionando explícitamente el principio del rol subsidiario al exigir una asamblea constituyente con el fin de aprobar una nueva Constitución que lo elimine. Pero también lo han venido socavando ministros, funcionarios, congresistas, gobernadores regionales y alcaldes, muchos de los cuales no aceptarían ser calificados como “estatistas”, con gran diversidad de emprendimientos, ya sea con la buena intención de corregir una falla de mercado, por desconfiar en la capacidad del sector privado o sencillamente para crear oportunidades para la corrupción.
Un buen ejemplo es Agrobanco. Fue creado en el 2001, con el propósito de atender las necesidades crediticias de la pequeña agricultura, con préstamos de hasta 15 UIT (hoy, S/62 mil) por deudor, con financiamiento exclusivamente proveniente del Tesoro Público y utilizando la infraestructura del Banco de la Nación. En ese momento, no se discutió qué mecanismos podrían haber sido más eficaces para lograr ese objetivo. Con el tiempo, el banco empezó a desalinearse de su misión original: se le autorizó a endeudarse con otras instituciones financieras –o sea, ya no solo podría dar créditos con fondos estatales– y a otorgar préstamos por montos significativamente mayores dirigidos a la mediana agricultura.
Dieciséis años después, los resultados de Agrobanco son desastrosos. La mitad del monto de créditos otorgados se ha dirigido a medianos y grandes agricultores. La morosidad de estos es del 44% –situación que amerita una investigación– y la del banco en conjunto, de 33% –vs. 3% del sistema bancario–. Agrobanco está quebrado. La cartera morosa asciende a casi S/500 millones. Esta aventura empresarial del Estado nos ha costado más de S/1.000 millones. Y el objetivo de llegar a los pequeños agricultores claramente no se cumplió: apenas 2% de estos accede a créditos exclusivamente a través de Agrobanco.
Cofide es otro caso de desenfoque. Como banco de desarrollo de segundo piso, durante muchos años jugó un rol importante en el apoyo a proyectos de infraestructura y al financiamiento de la micro y pequeña empresa a través de líneas de crédito a entidades especializadas en otorgarlas a este segmento. En algún momento este foco se perdió. Por ejemplo, Cofide sorprendentemente prestó en forma directa –dejando de lado su rol de segundo piso– US$70 millones en el 2015 a una empresa minera para un proyecto que nunca desarrolló –el tema se está dirimiendo en un proceso de arbitraje–.
Esta empresa estatal también dio créditos con criterios políticos, como el otorgado a una subsidiaria de Odebrecht por US$125 millones para financiar su aporte de capital al gasoducto del sur; US$185 millones a operadoras del Metropolitano de Lima –préstamo que nunca se repagó–, y otros US$150 millones a otros proyectos que tampoco han caminado. La actual administración de Cofide está haciendo una gestión muy seria y profesional para revertir esta situación y enrumbar la institución. Pero esos cientos de millones de dólares difícilmente se recuperarán.
Otro caso ilustrativo es el de la red dorsal de fibra óptica. En el 2014, el gobierno anterior entregó en concesión este proyecto que involucraba 13.500 kilómetros para llegar a 22 capitales de región y 180 de provincias. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que los principales proveedores de acceso a Internet desarrollarían sus propias redes privadas de fibra óptica. Hoy estas llegan a la gran mayoría de la población. El Estado cofinanció este proyecto con más de US$330 millones. Si se trataba de llegar a distritos donde no lo hacía el sector privado, seguramente hubiera habido alguna solución tecnológica o un esquema de participación privada significativamente menos onerosa que la que se emprendió en ese momento.
La lista de errores de esta naturaleza, en los que a través de la intervención estatal se ha querido remediar alguna situación, ha costado miles de millones de soles a los contribuyentes. Todas esas iniciativas partieron por olvidar una de las lecciones básicas de la economía: al igual que un carpintero usa un martillo y no un alicate para clavar un clavo, en políticas públicas cada objetivo debe ser atacado con el instrumento correcto. No hacerlo es doblemente oneroso: desperdiciamos recursos y no logramos solucionar los problemas que pretendíamos resolver.
Fuente El Comercio
