En su primera exposición como presidente de la República ante el Congreso, Pedro Pablo Kuczynski se comprometió a realizar una revolución social para que el Perú sea un país, moderno, justo, equitativo y solidario.

El Dignatario expresó que esto se conseguirá mediante una magnífica educación, una prestación de salud integral, justicia oportuna, así como condiciones de seguridad, para alcanzar la anhelada paz en nuestras calles y hogares. De igual forma, enfatizó la construcción de infraestructura para el desarrollo, y la lucha contra la corrupción.

En relación con este punto, también comprometió su participación directa en liderar ese combate, determinando objetivos concretos como el establecimiento de prioridades fundadas en el interés común para combatirla, ya que la lucha contra la corrupción es un proceso de mediano y largo plazo, por lo que pidió integrarnos a todos.

Asimismo, el Presidente señaló en tono esperanzador que “no tenemos tiempo que perder y que ya tomó acciones inmediatas”, enfrentando claramente con dichas medidas el ‘efecto Moreno’. Aseveró que quien comete actos de corrupción se convierte en un corrupto, que será capaz de hacer mayores actos ignominiosos que afecten la estabilidad de una nación.

Por ello, el Estado, para terminar con la corrupción, debe establecer procedimientos más transparentes, eliminando las barreras intermediarias a fin de que las decisiones se ejecuten de manera más rápida y efectiva, y evitar ser una organización burocrática e ineficiente.

Es indispensable, por tanto, que el Ejecutivo plantee objetivos concretos y metas cuantificables con planificaciones a largo plazo, precisando funciones claras que permitan evaluar a los funcionarios públicos por los resultados que generan. Esto permitirá, a su vez, mayor identificación e integración de los componentes del Estado con sus propios objetivos, lo que mejorará su productividad haciendo sumamente eficiente la marcha del gobierno.

Del mismo modo, es conveniente convertir los sistemas administrativos del sector público en verdaderas herramientas de gestión, darles una nueva concepción para que no se conviertan en factores paralizantes, sino en elementos dinámicos con el fin de optimizar los procedimientos y trámites administrativos, simplificándolos y haciéndolos más operativos en su ejecución. Por consiguiente, el Gobierno central debe reestructurar el Estado, hacerlo más ágil, eficiente, productivo y proveerlo de personal calificado.

Por todo lo expuesto, es fundamental que el Ejecutivo no solo tome medidas de sanción para combatir el mal de la corrupción, sino determinar y establecer medidas de previsión, planificación y de organización para este propósito, elevando el nivel de la eficiencia de la administración pública con el objetivo de incrementar el rendimiento en la prestación de sus servicios a la sociedad.

Fuente El Peruano

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