La consejera por la provincia de Huamanga, Elizabeth Prado Montaya advirtió varias irregularidades en la Oficina de Operación y Mantenimiento Hidráulico (Opeman) del Gobierno Regional de Ayacucho, que se viene arrastrando desde hace varios años.

Mediante un informe de fiscalización señaló que obreros, operarios, capataces, peones y oficiales, quienes llevan más de 18 años de servicio les habrían creado toda una formalidad a través de un proyecto de inversión pública que no se ajusta a temas de operación y mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en las normas.

“Ellos aprobaron los jornales de los trabajadores que se había desnaturalizado con contratos de servicios eventuales y son los residentes los que suscriben contratos con los trabajadores y esto es incorrecto, porque un residente no tiene esta facultad, por norma lo hace administración y recursos humanos”, indicó.

Además observó que unilateralmente han visto por conveniente el pago de 70 soles diarios y eso arrastran hasta la fecha.

“En el Opeman aducen varias justificaciones para disfrazar la formalidad con directivas pero tampoco encaja con estos trabajadores, porque esa directiva es para profesionales que califican para elaboración de expedientes de formulación; pero ellos no, ya que su trabajo tiene que ver en campo”, acotó.

De otro lado, indicó que, en las alturas de Apacheta, las condiciones de los obreros de este proyecto son pésimas, donde los campamentos son de aquella vez que culminaron los trabajos con Odebrecht con casas de techo con calamina, sin vidrios en las ventanas y carecen de agua clorada.

La situación tanto técnica y legal del Opeman, se encuentra en una situación irregular, no acorde en la naturaleza del tipo de actividad (con periodicidad permanente) considerado como proyecto de inversión pública, con un número de trabajadores con 18 a 20 años de desempeño laboral continuos, afectos a la aplicación de escala única de pago de jornales dispuestas mediante Resoluciones Ejecutivas Regionales que no se actualizan y no cumple con los alcances de las disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Fuente La Jornada

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