Corrupción como el abuso del poder para beneficio propio, puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.
Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.
Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.
Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio
El mayor efecto de la corrupción es la impotencia e incapacidad del Estado. La corrupción va corroyendo poco a poco la capacidad del Estado de recaudar impuestos; de implementar políticas de desarrollo coherentes y racionales; de redistribuir los recursos entre los diferentes grupos y regiones; de transformar para bien la sociedad siguiendo prioridades comunes. Impide que una comunidad alcance sus objetivos, porque ataca el mecanismo de decisiones sociales, dejando sin base una sociedad sostenible económica y estructuralmente.
En los países latinoamericanos el presupuesto disponible para el desarrollo de las regiones es limitado, pero no insuficiente, lo extraño es que a pesar de que cada año se asignan recursos para los mismos temas, el avance y progreso no se ven. ¿A qué se deberá esto? ¿A una inadecuada planeación?, ¿a la falta de visión en la inversión?, ¿a la excesiva confianza en los responsables de los proyectos, los contratistas y/o proveedores? ¿O a la falta inminente de mecanismos de control que faciliten los procesos de seguimiento y monitoreo en la ejecución de los recursos disponibles?
El desarrollo de las regiones es compromiso de todos, de sus mandatarios, de la empresa privada y de los ciudadanos en general, sin embargo, a la hora de encontrar a los responsables directos de la pobreza y la falta de progreso, todos descargamos nuestra obligación en las entidades públicas y obviamente en sus mandatarios.
Si bien es cierto que los grandes escándalos de CORRUPCIÓN se han dado principalmente en administraciones públicas, también es cierto que la empresa privada no ha orientado sus esfuerzos a combatir los principales flagelos generadores de pobreza y de subdesarrollo, EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN. Parece ser que los empresarios piensan, que mientras sus recursos financieros se encuentren a salvo, lo demás no interesa.
A pesar de que en los países latinoamericanos se ha avanzado estructuralmente en el mejoramiento de los Modelos de Planeación y Gestión; persiste el flagelo global de la CORRUPCIÓN, que impacta de manera negativa en la inversión social que redunde en mejores indicadores de vida para la población. A partir de la continuidad de las acciones mundiales para alcanzar el desarrollo sostenible, existe un consenso sobre la importancia de la responsabilidad social y la ética en la gestión pública. El análisis de la integración de los factores: Social, ambiental, económico y la transversalidad institucional para alinear un equilibrio mundial toma fuerza, basado en las teorías alternativas sobre desarrollo y las posiciones de las naciones y las empresas comprometidas con el ambiente y las personas.
Los objetivos de Desarrollo Sostenible se alinean a los postulados teóricos de desarrollo, y es un compromiso social del sector público y privado adelantar las acciones necesarias para su cumplimiento. En ese contexto, es primordial analizar como a partir de la integración de Sostenibilidad, Responsabilidad Social y la Ética Pública, se puede establecer un relacionamiento con la gerencia pública para perfilar un esquema de interacción holístico de cada uno de los elementos mencionados.
Teniendo en cuenta la importancia de la ética en los preceptos de Responsabilidad Social empresarial y en la Gestión Pública para la garantía en procesos efectivos de desarrollo sostenible (Caiden G. 2001), desde la ética del servicio público, manifiesta la preocupación total por la CORRUPCIÓN como un comportamiento que “corroe y contamina sin remedio todo lo que toca”. Desde el análisis global de la preocupación por el planeta y la gente, el mismo autor considera que la “globalización, la multiplicación de vínculos entre países y sociedades, significa que los acontecimientos, asuntos y problemas en algún lugar del mundo tienen repercusiones importantes para comunidades e individuos en otros lugares remotos”. Por lo tanto, es necesario que la gestión pública fortalezca sus capacidades en torno a las cuestiones ambientales, económicas y de bienestar que en términos estrictamente fundamentales apalancan el desarrollo sostenible global. En ese sentido, es determinante afianzar un modelo de gestión pública coherente con las dinámicas globales de desarrollo sostenible, pero esto no será posible, sin la participación de todos los actores implicados en los procesos de desarrollo, bien sea como gestores, como ejecutores o beneficiarios y es aquí, donde cobra especial importancia la triada de innovación (Sector privado, público y tercer sector) para el cierre de brechas digitales y desarrollo de capacidades tecnológicas, que permitan la generación de valor en las prácticas de buen gobierno, a partir de la apropiación de la Tecnología para la gestión pública y privada, que facilite la lucha contra la CORRUPCIÓN.
A pesar de los esfuerzos mundiales para disminuir las prácticas de CORRUPCIÓN, los informes de Transparencia Internacional continúan presentando una percepción negativa sobre las actuaciones de transparencia del sector público a nivel mundial (Transparencia Internacional 2020). El Índice de Percepción de la CORRUPCIÓN IPC 2020, muestra claramente que este flagelo afecta gravemente el desarrollo sostenible, pues este fenómeno es coincidente con los niveles de pobreza extrema a nivel mundial.
Cada vez son más infructuosos los esfuerzos de los estados por combatir la CORRUPCIÓN, y más fuertes y devastadoras sus consecuencias. Para ilustrar este tema, basta con mirar los escándalos de CORRUPCIÓN generados a nivel mundial, con ocasión de la pandemia del COVID19, donde se han presentado situaciones de soborno, malversación de fondos, tráfico de influencias, inflación de precios y hasta extorsiones sexuales.
¿Hasta cuándo los ciudadanos de bien, vamos a tolerar este tipo de situaciones que desestiman la posibilidad de una reactivación económica justa y equitativa para todos?
A pesar de los contagios generados por el COVID19, a pesar de la pérdida de personas cercanas, amigos y familiares, la indiferencia ciudadana, la poca responsabilidad social empresarial y la falta de compromiso del sector público, se mantienen como el común denominador en los grandes casos de CORRUPCIÓN.
En tal sentido, es importante dar un vistazo a la situación específica de Latinoamérica, donde de acuerdo con el Informe de Transparencia Internacional 2020, Venezuela se impone como el país más CORRUPTO de la región, con una calificación de 16 sobre 100, seguido por Paraguay, Brasil, Perú y Colombia. Uruguay y Chile se destacan como los países más transparentes de América latina, sin que esto signifique que son modelos a seguir, pues su calificación es 71 y 67, respectivamente.
En la Figura No. 1, se muestran las calificaciones obtenidas en el análisis 2020, llevado a cabo por Transparencia Internacional, para los países más corruptos de América latina.
Figura 1. Índice de Percepción de Corrupción en el sector público 2020
FUENTE: Índice de Precepción de la Corrupción 2020 (Transparencia Internacional)
A pesar de que las calificaciones obtenidas por los países latinoamericanos de un año a otro evidencian la falta de compromiso y esfuerzo de las instituciones públicas, de la empresa privada y de la academia para combatir la CORRUPCIÓN, los responsables se hacen los ciegos intentando desconocer los devastadores efectos de este flagelo.
Llama poderosamente la atención, que, en menos de un año de pandemia, los grandes laboratorios a nivel mundial se dieron a la tarea de buscar una solución a los contagios del COVID19 y en un tiempo record y sin escatimar esfuerzos y recursos, han creado varias vacunas. En cambio, la CORRUPCIÓN que existe desde el inicio de nuestra historia, hasta nuestros tiempos, con similitudes exageradas y consecuencias, guardadas las proporciones, iguales o más devastadoras, no haya sido objeto de estudios, de dedicación y de procesos de innovación.
Por todo lo anterior, conscientes del gran compromiso HOLISTICA ORGANIZACIONAL, se ha dado a la tarea, desde hace más de diez (10) años, de investigar, crear, diseñar, desarrollar e implementar, una PLATAFORMA TECNOLÓGICA ANTICORRUPCIÓN, denominada “MODELO DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDES Y GESTIÓN DE SEGURIDAD – MIFGS”, orientada al aseguramiento de procesos, de operaciones y de información, para cualquier organización bien sea pública o privada.
Esta plataforma tecnológica, está soportada en la utilización de la tecnología y la innovación y ha demostrado ser un poderoso instrumento proactivo, reactivo y adaptable contra el FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN. Prueba de ello, es el premio obtenido en Colombia en el año 2019 por HOLISTICA ORGANIZACIONAL, otorgado por la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas, FEDESOFT, con el patrocinio del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, MINTIC, como la mejor empresa desarrolladora de software en la categoría Gobierno, con la implementación de dicha plataforma en la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, entidad pública del orden nacional.
Esta poderosa herramienta tecnológica, brinda la posibilidad de cerrar las brechas de seguridad que incentivan el FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN, tanto en organizaciones públicas como privadas.
(*) Gerente Corporativo Colombia –
Fuente: Holística Organizacional SAS
