Un proyecto de ley presentado por la Controlaría de la República propone que los funcionarios investigados o procesados – por recomendación de esta entidad – por actos realizados en el ejercicio de sus gestiones, no tengan el beneficio de la defensa ni asesoría legal financiada por el Estado.
La propuesta cobra relevancia a partir de las recomendaciones emitidas por el informe de auditoría de la Contraloría en relación al contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero. El documento determinó varios tipos de responsabilidad y consideró que diez funcionarios habrían incurrido en ilícitos penales. De aprobarse el proyecto se les negaría el acceso a dicho beneficio.
Derecho a la defensa
Por regla general, todo funcionario o servidor público tiene derecho a recibir una defensa legal o asesoría de cualquier tipo cuando es acusado de cometer una irregularidad en el ejercicio regular de su cargo.
“Es una especie de seguro”, afirma Ramón Huapaya, abogado especialista en derecho administrativo, consultado por este diario. Para Rafael Muente, abogado en la misma especialidad, ello se justifica porque son funciones “sujetas a riesgos que la respectiva entidad estatal debe asumir”.
Incluso se aplica el beneficio si el funcionario ya dejó el cargo, siempre que lo cuestionado sea sobre un acto que cometió cuando lo ejercía. No podrá acogerse si la denuncia viene de la entidad donde trabajó.
Y para hacer valer este derecho, el funcionario debe comprometerse a reembolsar los gastos si es hallado culpable. Según Muente, para ello se le exige algún tipo de garantía, como una hipoteca o carta fianza. En otras palabras, es un derecho que tiene restricciones.
La Contraloría justifica su propuesta en base a la certeza de sus informes. Así, señala que las conclusiones que emiten los órganos de control “están fundamentadas y acreditadas con la evidencia necesaria”. Tanto, que se utilizan como prueba legal en los procesos civiles y penales.
Según esta lógica, esta presunta infalibilidad justificaría que el Estado no gaste recursos en defender a quien considera probable que hubiese cometido un perjuicio a los intereses del propio Estado.
¿Problemas?
En opinión de Muente, el primer problema está relacionado a cómo interpretan los órganos de control el principio de legalidad que obliga a los funcionarios a hacer solo lo que la ley les manda.
Si actuó debidamente o no, dependerá de cómo entiendan esto. Para Muente, la interpretación que suelen hacer es muy restrictiva y en la práctica, genera criterios abusivos, dispares y arbitrarios. A esto, le añade el riesgo de que se filtren motivaciones políticas.
De acuerdo con Huapaya, muchas veces la denuncia se cae o a los jueces penales no les convence la investigación de la Contraloría. “Ellos creen que sus informes son un tachado de virtudes, pero no es así; disculpa que lo diga tan crudamente, pero [los informes] son tan malos que ni siquiera individualizan la responsabilidad, no cumplen con el principio de culpabilidad”, opina.
Según la exposición de motivos del proyecto, en 2015, la responsabilidad penal y civil de los funcionarios denunciados por la Procuraduría Pública en base a los informes de control, tuvieron un margen de efectividad de 74%.
Esto quiere decir que, o el resto actuó legalmente o no se pudo probar su culpabilidad en las sedes correspondientes. Si esta propuesta se aprobara, los funcionarios que la Contraloría recomiende investigar tendrían que costear su defensa aún si se probara que son inocentes.
En esos casos, no podrían pedirle al Estado el reembolso de sus gastos porque la norma no lo prevé. “Establece un escenario de indefensión frente a la acusación de una Contraloría que es cada vez más abusiva”, señala Muente.
Según esta entidad, la falta de garantías para que funcionarios hallados responsables devuelvan el dinero invertido genera que el Estado no pueda disponer de recursos que podrían destinarse a asuntos más importantes. Menciona así, que en los hechos, conseguir el reembolso es complejo pues, “no se permite que estos puedan ser cautelados por medio de mecanismos de garantía”.
Huapaya considera que esto no es cierto. Señala que en el caso de los funcionarios activos, se les suele descontar de sus salarios y si son ex funcionarios se les exige algún tipo de garantía.
Para Muente, “si el problema es que no puede ejecutarse la garantía o es complejo hacerlo, debe mejorarse este sistema, no desproteger a sus funcionarios”.
Finalmente, otro problema está ligado al desincentivo que se generaría en los profesionales interesados de ingresar a la administración pública. “Si le quitan este beneficio a los funcionarios, nadie va a querer ser funcionario en el futuro”, comenta Huapaya. En general, considera que técnicamente se trata de una medida sumamente criticable y populista.
Fuente Perú21
