La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública hizo público su informe anual del 2017 y detalló que en ese período requirió información a 2,126 entidades, de las cuales 655 cumplieron con remitirla, lo que representó el 31% de cumplimiento.

Entre las entidades públicas que han remitido información a la Autoridad figuran 19 ministerios, 525 gobiernos locales, 19 gobiernos regionales, 50 universidades, 33 empresas bajo el ámbito del Fonafe, siete organismos constitucionales autónomos, el Poder Legislativo y la Academia de la Magistratura (adscrita al Poder Judicial).

Las 655 entidades que cumplieron con remitir información reportaron haber recibido 193,463 solicitudes, de las cuales atendieron el 96% (185,619). El nivel de solicitudes no atendidas es de 4%.

En el año 2016, un total de 1,220 entidades reportaron 209,913 solicitudes recibidas, lo que equivale a un promedio de 172 solicitudes por entidad. En el año 2017, este promedio asciende a 295 solicitudes por entidad. “Proporcionalmente, el número de solicitudes de acceso a la información continúa incrementándose”, señala el documento.

Sin embargo, las entidades que registran porcentaje más alto de incumplimiento de remisión de información a la Autoridad en el 2017 son los gobiernos locales y las universidades.

Sin embargo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional, no remitieron la información requerida, así como los Gobiernos Regionales de Ancash, Cusco, Huánuco, Ica, Loreto y de Madre de Dios y la empresa pública Electro Noroeste.

Las entidades que registran el porcentaje más alto de solicitudes no atendidas son los gobiernos locales: 10%, porcentaje superior al promedio de 4% para todas las entidades de la Administración Pública. En contraste, las entidades que registran el porcentaje más bajo son los ministerios con 1.43%.

Respecto a la información solicitada con frecuencia, se identificó que durante el 2017 las entidades de la administración pública reciben principalmente solicitudes de acceso a la información en relación a documentos de gestión y administración de la entidad, procesos de selección y contratación de bienes y servicios, ejecución de obras e información de personal.

Sobre los motivos para la no atención de solicitudes, se constató que estos ocurren debido a situaciones generadas por los solicitantes de acceso a la información – el solicitante no recoge la información o no realiza el pago de reproducción, entre otros –, así como por las entidades de la administración pública – el área usuaria no entregó la información al responsable de acceso a la información, entre otros –.

En relación a las acciones implementadas y buenas prácticas, se identificó que en el 2017, principalmente está referidas a la emisión de normativa interna respecto el procedimiento de acceso a la información pública, capacitaciones a los funcionarios/as y a la ciudadanía y el sistema de control de solicitudes de acceso a la información pública en trámite documentario.

En el 2017, en relación a las necesidades de las entidades de la administración pública, se constató que estas identifican como necesarias acciones destinadas a mejorar la capacitación a sus funcionarios/as y servidores públicos y a la ciudadanía; así como implementar sistemas y establecer procedimientos institucionales que mejoren el seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública.

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública consideró indispensable que se implemente una estrategia para incrementar el número de reportes remitidos por las entidades de cara a los siguientes informes anuales.

También sugirió que se instituya un canal permanente de comunicación con los funcionarios responsables de acceso a la información pública de las entidades, a fin de absolver sus consultas en torno a la aplicación de la normativa de transparencia y acceso a la información pública en la tramitación de las solicitudes ciudadanas.

Fuente Diario Gestión

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