El recurso de apelación presentado por el exalcalde del la Municipalidad Distrital de Quivilla, Fidel Nicolás Godoy, y de la encargada del proceso de adjudicación, Leyly Berenisse Guardia Montes, contra la resolución que los condenó por el delito de colusión agravada, fue declarado infundado por la Sala de Apelaciones de Huánuco que confirmó la pena impuesta, así como el pago de más de 170 mil soles de reparación civil.
Para el juez del Cuarto Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Luis Pasquel Paredes, que dictó sentencia en primera instancia, las pruebas presentadas por el Ministerio Público acreditaban la colusión entre la autoridad edil, su funcionaria, su secretario y la esposa de este último (proveedora).
Para la Fiscalía se trató de la simulación de una licitación para contratar un volquete y beneficiar económicamente a la autoridad edil.
Ocurrió en junio del año 2016, cuando según el Ministerio Público, la Municipalidad de Quivilla convocó a un proceso de adjudicación simplificado de contratación de servicios de alquiler de volquete de 6 metros cúbicos para la obra «Mejoramiento del acceso y muro de contención al Barrio de San Antonio-distrito de Quivilla-Dos de Mayo-Huánuco» que fue adjudicado a Fresly Alicia Pérez Aguirre, esposa del secretario municipal, Adrián Martínez Román, quien sería el que manejó la licitación.
La licitación se habría simulado luego de que Adrían Martínez entregara –con el fin de mantener su trabajo— dos boletas de su esposa al alcalde Fidel Nicolás con la finalidad de no devolver el dinero al programa Trabaja Perú.
Con las boletas presentadas, Fresly Pérez pudo cobrar la suma de 37,800.00 y 33,120.00.
Según confesaron Adrián y su esposa, luego del cobro de más de 70 mil soles, él llevó el dinero al alcalde Nicolás Godoy quien a su vez le dio 600 soles.
IRREGULARIDADES
Según la Fiscalía Anticorrupción, una de las irregularidades fue la designación de la ahora sentenciada Leyli Guardia como encargada del proceso, quien no tenía conocimiento de las normas relacionadas a contrataciones del Estado ya que solo tenía estudios de administración.
Pero quien en realidad habría manejado todo el proceso fue Adrián Saúl Martínez Román, según el Ministerio Público. «Elaboró de una manera, totalmente irregular pues todos los documentos relacionados a ese proceso de contratación, estamos hablando de los documentos relacionados al requerimiento, de buena pro, documentos relacionados a la firma del contrato, entre otros.
Otro hecho irregular es también que el requerimiento se hizo por un volquete de seis metros cúbicos pero se otorgó la buena pro con un volquete de 15 metros cúbicos. El contrato fue firmado por el alcalde el 9 de junio del año 2016 y al día siguiente se firma una adenda en la que la proveedora Fresly Pérez se compromete a la entrega de una retroexcavadora y un camión volquete adicional.
Durante la investigación se estableció también que la proveedora alquiló el volquete a la empresa Sol de Marcopata, que según un testigo fue creada por el ahora sentenciado cuyo domicilio en Paucarbambilla figura como domicilio fiscal de la empresa que incluso lo tuvo en su planilla de empleados.
Asimismo, para el juez Pasquel no se dio conformidad al servicio de manera objetiva, pues se tiene ausencia de documentos importantes para ello como así lo exigía el convenio de ejecución del proyecto. «No se adjunta contratos de mano de obra especializada, alquiler de equipos, maquinarias, y partes diarios de maquinarias, así mismo no se adjunta fotografías del proceso constructivo y culminación de la obra», que implica su no existencia al momento de elaborarse dicho informe, que coincide con la sindicación criminal efectuada en cuanto al alquiler del volquete tantas mencionado fue de carácter simulado en cuanto al contratista y propietario de la unidad, que en realidad todo ello era a favor del siempre acusado Fidel Nicolás Godoy.
Como observamos, es clara la participación del acusado Fidel Nicolás Godoy en los hechos materia de imputación, tuvo bajo su mando y dominio a todos los involucrados».
Con respecto a Leyly Guardia, el juez sostuvo que «ha tenido una participación en los hechos materia de imputación en calidad de cómplice; es decir, ha realizado acciones de aporte para la consumación del evento criminal».
CONCLUSIÓN ANTICIPADA
En septiembre del 2021, los esposos Adrián Seúl Martínez Román y Fresly Pérez Aguirre se acogieron a la conclusión anticipada y fueron sentenciados como cómplices de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada a cuatro años de pena privativa de libertad con carácter de suspendida, respectivamente, éste último por un periodo de prueba de tres años.
Fuente Página3
