El Congreso y el Ejecutivo acaban de dar un importante paso en la lucha contra la corrupción, con la aprobación en segunda y definitiva votación de la reforma constitucional y la posterior promulgación de la ley que consagra la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública o que afecte el patrimonio del Estado, lo que significa que estos crímenes siempre serán perseguibles en la justicia.
Se trata de una propuesta que hicieron suya en su momento si no todos, casi la mayoría de los candidatos presidenciales de las elecciones generales del 2016, así que debemos saludar que a poco más de un año de inaugurado un nuevo mandato, la clase política haya cumplido con su palabra.
Es importante también el momento y el mensaje que transmite esta decisión. En un tiempo en que los peruanos no terminamos de conocer a todos los involucrados en el escándalo de Lava Jato y la corrupción de las constructoras brasileñas, es vital contar con un principio constitucional que nos permita poner en vereda a cualquiera que ahora se nos pueda escapar.
También resulta gratificante que la aprobación de la reforma haya sido por la unanimidad de los votos de los parlamentarios, lo que demuestra que, por encima de las diferencias en otros temas, en la lucha contra la corrupción hay un consenso claro.
Pero ¿en qué consiste esta figura legal? La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción busca que el Estado persiga de manera indefinida a una persona implicada en un acto delictivo contra el patrimonio del Estado, de manera que siempre pueda ser encausado por la justicia.
Esta condición estará reservada para los delitos más graves, como la colusión desleal o el peculado, que tienen las mayores penas, mientras que para el resto de crímenes regirá las condiciones actuales, que duplican el plazo de prescripción ordinaria cuando se trata del patrimonio del Estado.
La Contraloría General de la República ha saludado la decisión del Congreso, al señalar que los malos funcionarios deben tener la certeza de que los delitos contra la administración pública serán sancionados.
Esta norma –agrega– contribuirá a acabar con la sensación de impunidad que existe en el país y que socava la confianza y legitimidad de las instituciones públicas.
Destaca además que la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, adicionada a la muerte civil (inhabilitación para trabajar en el Estado), es un gran avance en la legislación anticorrupción y demuestra que sumando esfuerzos es posible cercar a la corrupción.
Los voceros de las diferentes bancadas en el Congreso también han tenido un pronunciamiento positivo, valorando el compromiso institucional de luchar contra la que consideran una de las lacras más peligrosas de los partidos, porque deslegitima a las autoridades públicas y a la clase política.
En suma, la reforma es una fuerza revitalizadora en el camino de construir un sistema anticorrupción sin cabida para la impunidad, porque si bien los delitos penales son siempre personales, como se dice comúnmente en Derecho, lo que más indigna a los peruanos es la impunidad, la falta de sanción, y eso debemos desterrar. Todo culpable debe recibir su condena
Fuente El Peruano
