Una obra de la segunda gestión presidencial de Alan García vuelve a estar bajo los reflectores. Esta vez, a causa de un anuncio realizado por Katherine Ampuero, procuradora ad hoc para el Caso Lava Jato.
Ampuero anunció que su despacho presentó una denuncia contra el líder aprista, así como contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) Oswaldo Plascencia por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la suscripción del contrato de la Línea 1 del Metro de Lima.
La acusación, presentada el pasado 1 de marzo, ya se encuentra en manos de César Zanabria, titular de la Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios.
“Hemos recabado, a consideración de esta procuraduría, suficientes elementos de convicción que sustenta que se haga una investigación a estas tres personas”, precisó Katherine Ampuero en una conferencia de prensa.
Como respuesta a la medida adoptada por la procuraduría, legisladores apristas han minimizado las imputaciones. Ellos enfatizaron que Alan García está dispuesto a asistir a cualquier citación que se le formule en el proceso.
“Esta denuncia contra García y Cornejo no precisa si se basa en pruebas, acreditaciones, testimonios, cuentas nuevas”, defendió Jorge del Castillo.
¿Qué ocurrió para que el metro de Lima, obra emblemática del segundo gobierno de Alan García, sea cuestionada?
- El origen del caso
Alan García, Enrique Cornejo y el entonces representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, viajaron a Cusco el 19 de febrero del 2009 para inaugurar un tramo de 40 kilómetros de la carretera Interoceánica Sur.
A pesar de que la agenda presidencial indicaba que esta actividad sería la única que se cumpliría en dicho día, García convocó esa noche, con carácter de emergencia, a su Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno.
La Unidad de Investigación de El Comercio ha revelado el acta de la sesión de aquel día, que tuvo como único punto de la agenda aprobar un decreto de urgencia para encargar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la ejecución de obras del metro de Lima.
El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en sesión de concejo municipal y casi en simultáneo, aprobó la celebración de un convenio con el MTC para viabilizar la concesión de la referida obra.
El día siguiente, el ministro Cornejo y el alcalde firmaron el convenio marco de cooperación interinstitucional para sacar adelante este proyecto. Ocho días después, se publicó en el diario “El Peruano” el Decreto de Urgencia 032-2009, mediante el cual se transfiere la entidad a cargo de la ejecución del metro de la municipalidad al MTC.
- Informe final
El informe Pari de la Comisión Lava Jato dio cuenta de irregularidades en las disposiciones legales que fueron emitidas tras el primer decreto de urgencia relacionado al metro de Lima.
El documento precisa que se le otorgó a la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) “una serie de prerrogativas en la ejecución del contrato sin necesidad de contar con el aval de la Contraloría General de la República, de Ositrán y hasta del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones”.
La cabeza de la AATE era Oswaldo Plasencia Contreras, cercano colaborador de Cornejo y ex asesor del presidente García.
Asimismo, se señala que durante su gestión como director ejecutivo de la AATE, Plasencia “habría tenido plenos poderes para aprobar adendas, adicionales de obras, expedientes técnicos definitivos sin necesidad de contar con la opinión de la contraloría”.
- Confesión de sobornos
El 21 de diciembre del 2016, Odebrecht confesó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó US$29 millones en sobornos a altos funcionarios peruanos a cambio de la adjudicación de obras públicas entre los años 2005 y 2014.
Además, la empresa brasileña admitió que acordó pagar US$1.4 millones “a un funcionario de alto nivel del gobierno peruano y a miembros del comité de licitaciones” del metro de Lima para ganar la adjudicación.
- Primeros operativos
El 20 de enero del 2017, Odebrecht reconoció a la fiscalía peruana que pagó US$8 millones en sobornos por la licitación del metro de Lima.
El Ministerio Público determinó que Jorge Cuba, ex viceministro del segundo gobierno de Alan García, recibió US$2 millones, mientras que Edwin Luyo Barrientos, ex miembro del comité de licitación, US$300 mil.
Aquella noche, Luyo Barrientos fue detenido en su casa en Pueblo Libre por la Policía Nacional. Pocas horas después, el ex presidente Alan Garcia saludó su detención e indicó que “ratas como esas ensucian grandes obras que sirven al pueblo”.
El ex ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo, por su parte, señaló que “si hay algún sinvergüenza que ha recibido una coima que le caiga todo el peso de la ley”.
En otro operativo de la fiscalía, realizado el 24 de enero, fue capturado Miguel Ángel Navarro, ex trabajador del despacho del viceministerio de Comunicaciones.
Jorge Cuba retornó al Perú, proveniente de Miami, el 31 de enero. Días antes se había dictado una orden de prisión preventiva contra él.
Según la tesis del Ministerio Público, Edwin Luyo y Miguel Ángel Navarro habrían sido los testaferros de Cuba. Actualmente, los tres mencionados cumplen 18 meses de prisión preventiva.
- Indicios negados
En febrero, la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, precisó que no existían elementos que involucren al ex presidente Alan García con el Caso Lava Jato.
“Si somos objetivos, hasta este momento no hay indicios. No hay una delación [en su contra]”, manifestó.
No obstante, una fotografía publicada por el portal «Utero.pe» dio cuenta de la relación amical de Príncipe y el abogado Moisés Tambini, actual presidente del Tribunal Nacional Electoral del Partido Aprista y ex abogado de García.
A pesar de que Príncipe negó esta amistad en un primer momento, luego, mediante un comunicado, reconoció su vínculo y señaló que su relación con la familia Tambini Ávila «no es un hecho oculto».
“Es una garantía para combatir la corrupción”, contestó Tambini sobre Príncipe tras confirmar su relación amical con la magistrada.
Este episodio le valió varias críticas a la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Incluso, algunos legisladores no dudaron en pedir su renuncia.
“Yo estaría de acuerdo con que ella deje el cargo o se aparte totalmente de este caso para que otra persona asuma. La necesidad de transparencia en el país exige que no solo ofrezca actuar imparcialmente, sino también dar muestras de su imparcialidad”, dijo el frenteamplista Alberto Quintanilla.
La legisladora Yeni Vilcatoma también cuestionó las contradicciones de Julia Príncipe. “Lamentablemente el accionar bastante errado de la señora nos hace ver que no ha estado a la altura de circunstancias de estos graves hechos de corrupción en el Perú […] Necesitamos procuradurías realmente autónomas”, declaró.
Fuente El Comercio
1 Comment