El Consejo Regional del Cusco aprobó por mayoría el acuerdo para invitar al gobernador regional Edwin Licona para que informe ante el pleno sobre una supuesta conversación por mensajes de WhatsApp con la proveedora Yanet Castro sobre deudas, pago de “diezmo” y presunto favorecimiento con obras.
El caso es investigado por la Fiscalía Anticorrupción del Cusco. Recientemente, el procurador José María Gavancho solicitó a la fiscal Gladys Aparicio pedir prisión preventiva para la autoridad regional. Considera que los diálogos sostenidos con Castro, propietaria de la empresa Jamil Corporación Contratista SAC, son pruebas documentales que revelan pagos de diezmos anticipados a cambio de la obra, lo cual constituye delito de cohecho pasivo.
La consejera regional Anabel Alccamari, una de las autoras de la iniciativa legislativa, sostuvo que la autoridad regional, en aras de la transparencia de su gestión, tendrá la oportunidad de acudir ante el Consejo Regional para hacer su descargo sobre la supuesta entrega de diezmos.
“Él (Licona) tiene la obligación de dar la cara y esclarecer si ha sostenido conversaciones a través de mensajes con la proveedora, si hubo pago de diezmos. La Fiscalía está investigando el caso, pero nos preocupa que aún no se pronuncia sobre la formalización o no”, dijo.
La legisladora, integrante de la “Bancada Independiente”, sostuvo que si en caso Licona no acuda ante el Consejo Regional, como en anteriores ocasiones, se interpondrá una denuncia en su contra por ocultamiento de información.
El gobernador regional Edwin Licona, fiel a su estilo, rehuyó responder sobre el caso y el pedido de prisión preventiva.
“El Ministerio Público y la Procuraduría tienen que hacer su trabajo, seguro está en nosotros demostrar lo contrario, nuestra capacidad de gestión y responsabilidades por la vía legal”, dijo escuetamente.
CASO EXFUNCIONARIOS
En la sesión de Consejo Regional se acordó además trasladar al Ministerio Público las denuncias formuladas por los exfuncionarios regionales Eduardo Sanz y Napoleón Llanos sobre los presuntos actos de corrupción y aprovechamiento en la gestión regional.
Eduardo Sanz, exgerente regional, denunció públicamente que había un presunto direccionamiento para contratar a la empresa que se encargará de ejecutar el saldo de obra del hospital Antonio Lorena.
Fuente La República
