Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, confesó –esta semana– que recibió dinero tanto de las constructoras OAS y Odebrecht para la compaña de la No Revocatoria tomándose en cuenta que ambas empresas participaron en dos obras emblemáticas de la capital: el desarrollo de los corredores viales Rutas de Lima y Línea Amarilla.

Al respecto, el candidato a la alcaldía de Lima por el PPC, Alberto Beingolea, pidió al actual alcalde de Lima que proceda dar por terminado el contrato de concesión de ambas obras, por estar implicadas en actos de corrupción.

Sobre el particular, el informe de la Comisión Lava Jato encontró indicios de presuntas irregularidades en ambas concesiones.

Línea Amarilla (OAS)

Fue en el 2009, como se recuerda, que la Municipalidad Metropolitana de Lima –en representación del Estados peruano– aceptó las iniciativas privadas de OAS y Odebrecht para la construcción de nuevas vías, así como el mejoramiento de las vías existentes y la instalación de infraestructura complementaria.

En el caso de la Línea Amarila –inicialmente llamada Vía Expresa Amarilla– fue una iniciativa privada de OAS en la cual se proponía la construcción, operación y mantenimiento de 13 kilómetros de una nueva vía urbana en paralelo a la Vía Evitamiento en dirección Este-Oeste.

– La Comisión Lava Jato halló la inclusión en el contrato de concesión de una fecha cierta para la explotación de los peajes, lo que abrió la posibilidad para que Lamsac -que era propiedad de OAS- cobre las tarifas del peaje de manera adelantada a partir del 10 de octubre del 2013, cuando el avance de obra se encontraba al 24.46%, muy por debajo del 70% propuesto en la iniciativa privada.

De esta manera, el concesionario obtuvo así un financiamiento oneroso con el dinero del peaje para la construcción de las obras, adelantó el pago de sus deudas contraídas y redujo el monto de los intereses que se estaban generando.

– Otro hecho que reporta la Comisión Lava Jato es que en el contrato de concesión se incluyó las causales para la suspensión de las obligaciones del contrato así como el reconocimiento y pago de los costos derivados de la configuración de eventos de caso fortuito o fuerza mayor.

Este tipo de beneficios para el concesionario fue cuestionado por la Municipalidad de Lima, en los primeros meses de la gestión de Susana Villarán. Sin embargo, esta posición cambió diametralmente al suscribirse la Adenda N° 1 del Contrato de concesión del Proyecto Línea Amarilla.

– La Comisión también encontró la inclusión de una cláusula en el contrato de concesión que permitía la venta del 25% de acciones del socio estratégico, reservadas como garantía durante la etapa de construcción, facilitó que Construtora OAS la venda del 100% de sus acciones a la empresa Línea Amarilla Brasil Participações S.A. sin haber concluido las obras.

Finalmente, en diciembre de 2016 y en medio de los problemas legales que afrontaba el presidente del Grupo OAS, José Adelmário Pinheiro Filho, y varios miembros del grupo, transfirió el total de las acciones de la sociedad a la empresa de capitales franceses Vinci Highways, cuando las obras obligatorias seguían en construcción.

– Asimismo la Comisión halló que las asesorías externas contratadas formalmente por la MML fueron finalmente pagadas por la concesionaria Línea Amarilla (OAS).  De ello se desprende un direccionamiento a favor de la concesionaria en la evaluación de las condiciones de la iniciativa privada, como temas de ingeniería, legales, financieras, sociales y medioambientales.

– La Comisión reportó que el 3 de mayo del 2010 se firmó un acta de acuerdo entre la MML y el concesionario para suspender la obligación relativa al plazo previsto para dar inicio a la construcción. Así se retrasó en un año el avance de obra de acuerdo al cronograma propuesto.

De esta manera, resultó imposible que a febrero del 2013 la obra llegara a un 70%, como se había presentado en la iniciativa privada.

– En la primera adenda -suscrito en el mandato de Villarán- se incluyeron los denominados ‘Eventos Especiales’ como hechos por los que el concedente estaría obligado a resarcir al concesionario. Los eventos especiales ya estaban considerados en el contrato de concesión bajo el concepto de caso fortuito y fuerza mayor.

Se diseñó así una cobertura legal forzada que permitió a Lamsac (OAS) solicitar el reconocimiento de una serie de gastos. La MML aceptó así el resarcimiento de US$ 142´023,716.86 que serían pagados a través del aumento en S/ 1 en las tarifas de peaje y hasta el término de la concesión.

– Otro hecho que se halló es que la MML suscribió, asimismo, la adenda 2 en la que incluye al Puente Bella Unión y modifica la obra viaducto Morales Duarez por el paso a desnivel Morales Duarez.

La inclusión del proyecto Puente Bella Unión para ser ejecutada por Lamsac (OAS) significó el rechazo a la aprobación a nivel de viabilidad que había otorgado el Ministerio de Economía y Finanzas para ser ejecutada como obra pública, perdiendo así la asignación del Presupuesto.

Rutas de Lima (Odebrecht)

– La Comisión encontró la participación de diversos estudios de abogados habría servido para allanar el camino a los consorcios brasileños para hacerse cargo de las concesiones, más allá de los intereses del Estado.

La contratación por parte de la MML del estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas para la evaluación legal de la iniciativa privada presentada por Odebrecht habría beneficiado al consorcio Líneas Viales de Lima (después Rutas de Lima), al tener como consultor externo al abogado Fernando Antonio Ocampo Vásquez, quien en ese momento era directivo de la empresa Rutas de Lima SAC y quien, finalmente, participó en el cierre del contrato de concesión, en enero de 2013.

– El 10 de febrero de 2013, se inició de la explotación de los peajes antes que se verificara el cierre financiero previsto para 2014. A esa fecha no se tenía la certeza de la capacidad financiera del concesionario de continuar con la ejecución del contrato de concesión y pese a ello, se puso a su disposición la recaudación de los peajes.

Se requería que el concesionario (Odebrecht) tenga el respaldo financiero para cubrir una inversión de US$ 498 millones.

– Por la adenda de bancabilidad, la Municipalidad  de Lima aprobó el 13 de febrero del 2014 un presupuesto de US$ 181´285,311.67 (sin IGV) planteado por el concesionario para la ejecución de labores que, por el contrato, eran de responsabilidad del concedente y que sin sustento técnico fueron entregadas al concesionario.

– La Comisión también encontró el 14 de agosto de 2015 y sin mediar el plazo mínimo de tres años para introducir cualquier modificación al contrato de concesión, se firma un acta de acuerdo suspendiendo y cambiando las obras obligatorias: El Intercambio vial a desnivel

 Benavides por Viaducto Benavides y el intercambio vial a desnivel El Derby por el paso a desnivel Manuel Olguín y El Derby.

– También se encontró que habiéndose cumplido con el plazo mínimo de tres años desde la firma del contrato de concesión para su modificación a través de una adenda, se modificaron cláusulas del contrato vía actas de acuerdo de fechas 3 y 5 de octubre y 11 de noviembre del 2016.

Las modificaciones acordadas fueron:

  1. a) Aporte del concedente por S/. 20´000,000.
  2. b) La disposición por parte del concesionario de los ingresos que tenía la municipalidad por pago por derecho de concesión estipulado en la cláusula 10.16 del contrato.
  3. c) La ampliación del plazo de la concesión por tres años más.

Esto tendría por finalidad que las modificaciones no pasaran por la opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Fuente Diario Gestión

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