En la actualidad, existen alrededor de 125,000 trabajadores en construcción civil en planilla, pero el número de trabajadores declarados en planilla no supera el 30% de la población económicamente activa (PEA) en el sector.

Esto se debe a la proliferación de la subcontratación, que genera una nefasta modalidad que recorta derechos laborales y sociales conquistados con el sacrificio de nuestra lucha sindical.

La Federación de Trabajadores en Construcción civil del Perú (FTCCP) junto a otras organizaciones del sector construcción como CAPECO y CONAFOVICER venimos implementando medidas para enfrentar la informalidad, y junto al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) coordinamos acciones más efectivas del SUNAFIL en las obras de construcción, pero aún resulta insuficiente.

La lucha contra la informalidad empresarial debe ser una tarea constante, porque perjudica directamente al trabajador, pues a este se le recorta sus salarios y otros derechos laborales, los cuales incluso ya están presupuestados en la obra: forman parte del presupuesto, pero no llegan al trabajador.

La informalidad genera competencia desleal contra las empresas que sí cumplen con los derechos laborales. Y existen, también, obras financiadas por el Estado en todo el Perú donde las empresas subcontratistas no cumplen con estos derechos laborales, es decir, los peruanos pagamos por ello, pero el dinero no llega totalmente al trabajador, que sufre recorte de salarios y falta de medidas de seguridad y salud en las obras.

Ahora que el Gobierno central ha destinado, a partir del año 2020, cien mil millones de soles para obras de infraestructura, es necesario que se ejerza mayor control en el cumplimiento de estos derechos y sanción al incumplimiento, pues el dinero de todos los peruanos.

Por otro lado, esta millonaria inversión anunciada para 2020, también preocupa a los trabajadores de la construcción porque los mecanismos de licitaciones o financiamiento de las obras se mantienen sin variación, como la Ley de Compras y Adquisiciones del Estado, Pro Inversión, la modalidad de las asociaciones públicas-privadas (APP); es decir, las condiciones fácticas mediante las cuales se ejerció el tinglado de corrupción en las obras de construcción civil siguen vigentes. Debemos fortalecer los sistemas de control a todo nivel.

Fuente Diario Perfil

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