La empresa Odebrecht reconoció finalmente que para adjudicarse el megaproyecto Gasoducto del Sur, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), incurrió en delitos. Y las pruebas que entregó para demostrarlo surtieron ayer sus efectos.

La fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato, lideró una serie de diligencias que comprendieron el allanamiento de 26 inmuebles y la incautación de documentos. Entre los propietarios de esas viviendas figuraba la ex primera dama Nadine Heredia.

A Heredia se le atribuye el delito de colusión agravada ya que –de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público– habría realizado gestiones mientras su esposo era mandatario para favorecer a la constructora brasileña con la obra que demandaría una inversión de US$7,300 millones.

En la orden de allanamiento emitida por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, a la que accedió Perú21, se acoge la imputación planteada por Mori.

“(Heredia) habría acordado y mantenido reuniones con diferentes funcionarios y servidores públicos que se encontrasen vinculados con el proyecto ‘Mejoras de la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano’, del mismo modo con representantes del grupo empresarial Odebrecht, mostrando así intereses por este grupo en el concurso público”, se lee en la resolución judicial.

Junto con la esposa de Humala se incluye a otras 20 personas, entre exfuncionarios y abogados que participaron en el proceso de concesión. Figuran, por ejemplo, los exviceministros de Energía, Luis Enrique Ortigas y Dicky Quintanilla Acosta.

Asimismo, aparecen los entonces miembros del comité de licitación de Proinversión: Edgar Ramírez Cadenillas, Gustavo Navarro y Rosario Patiño. Ramírez Cadenillas ya ha sido acusado por el fiscal Reynaldo Abia, en otro proceso, de haber beneficiado a la compañía con la licitación de la obra.

El líder del equipo especial, el fiscal Rafael Vela, fue el encargado de confirmar desde Brasil que la constructora había entregado información como parte del acuerdo de colaboración al que se acogió.

“Dentro del proceso de colaboración eficaz tenemos ya un acta firmada donde hay un reconocimiento de pagos ilícitos de parte de Odebrecht, lo que determina, para nosotros, su culpabilidad sobre el Gasoducto del Sur”, declaró a la prensa.

Parte de la información entregada son las transferencias registradas en la Caja 2 de la compañía a usuarios identificados con codinomes como ‘Princesa’, ‘French’ y ‘Gaza’. Esas operaciones se realizaron luego de que el consorcio liderado por Odebrecht ganara el concurso, en julio de 2014.

Los montos de dinero detectados ascienden hasta US$900,000. También se advirtieron cifras entre US$500,000, US$450,000 y US$200,000.

Pese a las evidencias, la defensa de la expareja presidencial salió a cuestionar el sustento de la investigación fiscal.

“Me sorprende. Esta investigación está en una etapa preliminar, no se ha formalizado investigación, no hay ninguna referencia directa ni indirecta a la señora Nadine Heredia y por eso me llama la atención”, declaró el abogado Wilfredo Pedraza desde las inmediaciones de la casa de Heredia.

La fiscal Mori no descartó que la adjudicación sea una retribución por los US$3 millones que la empresa dio de aporte de campaña.

Fuente Perú21

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