No puede decir que no sabía nada. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) descubrió que el congresista Julio Gagó Pérez y las empresas cuya propiedad comparte con sus hermanos Adrián, María y Aurora mintieron cuando afirmaron que no estaban impedidos de vender bienes a entidades públicas.
Mediante cartas fechadas el 18, 24 y 26 de octubre del 2012, los hermanos Adrián, María y Aurora Gagó manifestaron que desde la elección de Julio Gagó Pérez como congresista de la República “no han sido participantes, ni postores en ninguno proceso de selección, ni tampoco han contratado con el Estado”. En consecuencia, reclamaban inscribir a su empresa Maquinarias Jaamsa en el Registro Nacional de Proveedores.
El OSCE detectó que lo que decían no era verdad.
El organismo encontró que el legislador fujimorista continuaba como propietario del 25 por ciento de acciones de Maquinarias Jaamsa, “hecho que contradice la información contenida en las declaraciones juradas presentadas (por los hermanos Gagó para acreditar que la empresa) está legalmente capacitada para contratar con el Estado”.
Manoseen la masa
Por este hecho, OSCE inició un proceso contra los dueños de Maquinarias Jaamsa “por haber presentado documentos falsos o con información inexacta”.
Lo que pretendían los Gagó es conseguir inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores para continuar contratando con los organismos públicos, a pesar de que la ley se los impedía.
El caso llegó hasta el Tribunal de Contrataciones del Estado, que el 14 de agosto del 2013 resolvió que Adrián, María y Aurora y Gagó Pérez no podían venderle a los organismos públicos porque son hermanos del congresista Julio Gagó Pérez, impedimento precisado en el literal “g” del artículo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado.
El tribunal también concluyó que “Maquinarias Jaamsa presentó información inexacta ante el OSCE, contenida en Declaraciones Juradas de Veracidad de Documentos, Información y Declaraciones de Socios Comunes, en la que señaló que se encontraba legalmente capacitada para contratar con el Estado”.
Lo grave es que La República constató en el Registro de Proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que la empresa del parlamentario fujimorista y sus hermanos, Maquinarias Jaamsa, siguió vendiéndole al Estado en el 2012 y el 2013.
Contrataron con Maquinarias Jaamsa en ese periodo los ministerios de Educación y de Salud, los municipios provinciales de Lucanas (Ayacucho) y de Lambayeque, y los municipios distritales de Pampas Chico (Áncash) y Pueblo Libre (Lima). Además del gobierno regional de Arequipa.
El congresista conocía perfectamente que no estaba permitido de contratar con los organismos estatales, pero continuó haciéndolo.
Lo resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado obviamente también alcanza a todas las empresas de las que son propietarios los hermanos Gagó Pérez.
más por viejo
Sin embargo, compañías como Copy Depot y Faga Motors, que controlan el congresista fujimorista y sus hermanos, siguieron facturando a nombre de entidades públicas, no obstante la prohibición expresa del OSCE y del Tribunal de Contrataciones del Estado.
A raíz de los problemas de Maquinarias Jaamsa, los hermanos decidieron continuar como proveedores estatales mediante la compañía Copy Depot, fundada por sus familiares directos.
El congresista Julio Gagó niega cualquier relación familiar con esta firma, pero documentos oficiales prueban que la empresa es de propiedad de su tío por parte de padre, Juan Gavino Hinostroza, y hay testigos que acreditan que quien maneja la compañía es Adrián Gagó Pérez, hermano del parlamentario de Fuerza Popular.
Para comer pescado y vender al estado hay que tener mucho cuidado.
Levantarían secretos de las empresas
El fiscal Carlos Nivín Valdiviezo, adscrito al despacho del Fiscal de la Nación, confirmó que estudia solicitar el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil a la red de empresas cuya propiedad comparte el congresista fujimorista Julio Gagó Pérez con sus hermanos.
Gagó es investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de negociación incompatible y patrocinio legal.
“La Fiscalía puede solicitar estas medidas a personas que no tengan la prerrogativa del antejuicio o inmunidad parlamentaria, que pudieran estar vinculadas con el caso, como son las personas jurídicas (empresas) que podrían o hayan intervenido. La Fiscalía sí puede solicitar información y disponer estas medidas sin ningún problema”, enfatizó.
Respecto al levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Julio Gagó, el fiscal Nivín recordó que es el Congreso de la República el que dispone dicha medida.
La Fiscalía de la Nación cuenta con un plazo de 60 días para dar por terminada la indagación a Gagó.
Fuente Diario La República (Lupe Muñoz)
