Al igual que su exlíder político, César Álvarez; el número dos del desparecido movimiento político Cuenta Conmigo, Luis Arroyo Rojas, aún tiene cuentas pendientes con la justicia.
Si bien el exalcalde provincial del Santa, ya ha sido condenado 15 años de cárcel por el sonado caso de la “desratización”, aún sigue cosechando más acusaciones fiscales y juicios, producto de su paso por la Gerencia de la Subregión Pacífico, cargo que desempeñó por encargo de César Álvarez.
ACUSADOS
La nueva acusación contra Arroyo Rojas ha sido formulada por la fiscal superior Carla Zuloaga, la misma que litigó por el Ministerio Público en el juicio de la “desratización”. Esta vez, la magistrada ha solicitado para el exburgomaestre una pena de 7 años de cárcel.
Acompañan a Luis Arroyo como acusados en esta pesquisa Yony Benites Saldaña, Óscar Salgado Olivo y Enrico Castañeda Canova. A todos ellos, el Ministerio Público los sindica como autores del delito de colusión; mientras que en el caso de los investigados James Coral Valverde y Ángel Ancajima Timaná, los ha considerado como cómplices de colusión, pero como autores del ilícito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, en agravio de la sociedad.
Además de los siete años de pena privativa de la libertad para todos los acusados, el Ministerio Público también pide que sean inhabilitados para el ejercicio de la función pública por el mismo tiempo que dure su condena y que paguen una reparación civil de 100 mil soles, de manera solidaria, sin perjuicio de devolver el dinero en controversia en esta carpeta.
EL CASO
Correo ha tenido acceso al dictamen fiscal en el que se determina que, luego de las diligencias correspondientes, el Ministerio Público considera que sí hay méritos para llevar a juicio oral y compañía, por los delitos ya antes mencionados.
El caso por el que ahora debe responder el otrora hombre de confianza de Álvarez, tiene que ver con un presunto “contubernio” que se había dado al momento de la adjudicación de la obra licitación pública 009- 2009 que tenía como finalidad seleccionar a una empresa que se haga cargo del mejoramiento de agua y desagüe de la urbanización Laderas el Norte, Los Pinos y el pueblo joven Dos de Junio, que estuvo valorizada en más de 8 millones de soles.
La Fiscalía sostiene que el Comité Especial de Adjudicaciones de la Subregión Pacífico, integrado por los exfuncionarios Benites Saldaña, Óscar Salgado Olivo y Enrico Castañeda Canova; favoreció al consorcio Samara EIRL con la millonaria obra, pese a que “ no tendría la experiencia y condiciones técnicas y económicas para ejecutar el saneamiento”, servicio que por ese entonces era cuestionado y había que atender con urgencia.
Para el Ministerio Público, el “contubernio” también se dio cuando este mismo comité escogió al consorcio Laderas, representado por Ángel Ancajima, para realizar la supervisión de los trabajos. Acusan a la supervisora, además, de no haber advertido oportunamente de las deficiencias en la ejecución de los trabajos.
La sospecha de la Fiscalía para hablar de un “contubernio” en ambas licitaciones se basa, en primer lugar, en que ambas empresas fueron las únicas postoras durante el proceso, además de ello, remarcan las ampliaciones de plazos que otorgó la Subregión Pacífico para que concluyan los trabajos.
“(…) dicha entidad (la Subregión Pacífico) en lugar de resolver el contrato o ejecutar la correspondiente carta fianza, así como aplicar penalidades en el respectivo contrato asintió las modificatorias realizadas e incluso autorizó el pago de los mismos”, se lee en el documento de la Fiscalía.
Con respecto al delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, la Fiscalía considera que el accionar de los investigados “promovió” a que en los lugares donde se ejecutaron los trabajos por mucho tiempo, hayan zanjas y tuberías expuestas que ponían en riesgo la integridad de los pobladores de las urbanizaciones Los Pinos y Laderas, así como el pueblo joven Dos de Junio. Asimismo, consideran que este delito se configuró debido a que también se afectó el acceso de pacientes por la puerta de emergencia del Hospital III del Seguro Social de Salud (Essalud).
PARTICIPACIÓN
Arroyo irá al banquillo de los acusados en este caso para responder en su condición de titular de la Subregión Pacífico. En ese sentido, el Ministerio Público le imputa que desempeñando este cargo de confianza, fue él quien designó a los miembros del comité de adjudicaciones que finalmente otorgaron la buena pro a las empresas en mención.
Asimismo, indica que fue Arroyo quien firmó los contratos con los consorcios Samara y Laderas. Agrega también que la primera constructora no cumplió con ejecutar los trabajos en el plazo inicial que se le había concedido, que era de 180 días calendario.
“(…) y no obstante, las ampliaciones que se realizaron, no se optó en rescindir el contrato, por lo contrario asintió las modificatorias realizadas en incluso el pago de los mismos”, señalan.
Para la Fiscalía no hay justificación para las ampliaciones de plazo, sobre todo teniendo en cuenta que existe un informe del Colegio de Ingenieros que advertía inundaciones en la zona urbana de estos pueblos, por deficientes trabajos en los esquemas de evacuación de aguas servidas. Esta orden profesional alertó también de la falta de un plan de contingencia por parte de la empresa constructora para evitar la afectación de aguas servidas en diversos sectores, sobre todo, en la manzana “A”, frente al hospital de Essalud, en Laderas.
Fuente Diario Correo
