Para ejecutar la construcción del puente Chilina (2012 a 2014), el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) expropió 67 predios ubicados en el trazo del viaducto que une los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado.
En total, la gestión de Juan Manuel Guillén dispuso de S/ 72 millones para esta tarea. De acuerdo al informe 156 – 2016, emitido por Contraloría en junio, las expropiaciones de estos inmuebles vulneraron las normas que regulan estos procesos. Se generó mayores pagos y perjuicios económicos a la entidad por S/ 13 millones 576 mil 977.
Para Contraloría, las mayores responsabilidades por estos perjuicios recaerían en el expresidente regional, Juan Manuel Guillén, el exgerente general Jorge Luis Aguilar y la exjefa del Área Funcional no Estructurada de Proyectos Especiales y Estratégicos (Afapee), Sarah Peña.
Más pagos
El órgano de control señala que, el 19 de octubre de 2011, el expresidente regional Juan Manuel Guillén creó la Afapee sin ser su competencia. Esta es facultad del Consejo Regional.
El Afapee duplicó las funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, apartándola de la ejecución del proyecto del puente Chilina.
El informe detalla que el entonces gerente regional, Jorge Luis Aguilar, con anuencia del presidente, efectuó la negociación y adquisición directa de 12 inmuebles ubicados en el sector de Carmen Alto (Cayma) sin contar con la competencia legal necesaria, lo que generó un sobrecosto de S/ 8 millones 495 mil 181.
Entre esos 12 predios, se encuentran los terrenos rústicos (denominados 99 y 99A), adquiridos para realizar el tramo 5 del puente. Los mismos no estaban saneados, no contaban con estudios de preinversión ni declaratoria de viabilidad. Incluso el GRA habría comprado estos terrenos a propietarios que días atrás adquirieron los mismos. Entre los vendedores estuvo el primo hermano de Peña.
Compras insulsas
Contraloría también evidencia que la Región compró dos predios ubicados en zonas declaradas Patrimonio Cultural.
Por su título de Patrimonio, estas casas no fueron utilizadas en la obra, por lo que el órgano de control considera que se invirtió S/ 4 millones 823 mil 974 en predios no utilizados.
El informe también cuestiona que se adquirieran otras dos viviendas a través de transacciones firmadas por Guillén a precios superiores a los acordados en laudos arbitrales que fijaron un precio menor.
Ante estos hechos, Contraloría dispone que el documento sea puesto a consideración del pleno del Consejo Regional, asimismo se inicie procesos administrativos contra los exfuncionarios implicados en la pérdida de dinero al Estado.
Finalmente, se deriva el caso al procurador de Contraloría.
Guardan silencio
La República intentó la tarde de ayer buscar la versión del exgerente regional Jorge Luis Aguilar. Este evitó hablar sobre el tema.
Por su parte, Gonzalo Bellido, abogado del expresidente regional Guillén, dijo no tener conocimiento de este informe. Indicó que revisará el mismo para recién emitir un pronunciamiento sobre el caso.
Fuente La República
