Un año después de que la Justicia encontrara responsable a cinco personas por el delito de colusión simple en la adquisición de los “semáforos inteligentes” para la ciudad de Chimbote, solo una se encuentra cumpliendo la condena de 4 años de cárcel que se determinó para los funcionarios públicos chimbotanos y un empresario de nacionalidad chilena por el sonado caso de corrupción local.
PRÓFUGOS
La pesquisa que hizo el Ministerio Público nació por una investigación periodística de Correo que daba cuenta de una escandalosa sobrevalorización en el monto que pretendía pagar la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), por estos aparatos en el 2010.
Luego de las investigaciones de la Fiscalía y la actuación de las pruebas en juicio oral, el Poder Judicial encontró responsables de estos hechos a la entonces alcaldesa provincial, Victoria Espinoza García; el exgerente municipal, Julio Cortez Rojas (quien luego se convirtió en alcalde en la segunda gestión de Espinoza); los exfuncionarios de la Gerencia de Obras de la comuna, Micaela Flores Gómez y Javier Menacho Méndez; así como el empresario chileno, Nicolás Rivas Gay, representante del consorcio Santa ITS, empresa a la que se le adjudicó el proyecto de los semáforos por un monto de 8 millones de soles.
El 4 de julio de 2018, cuando Victoria Espinoza y Julio Cortez, ya habían inscrito sus candidaturas al Gobierno Regional de Áncash (GRA) y la MPS, respectivamente; el juez Efer Díaz Uriarte, concluyó que tenían responsabilidad – desde el puesto que ocuparon – en una serie de irregularidades que habrían formado parte de un pacto colusorio.
En el transcurso de las investigaciones, la Fiscalía elaboró dos peritajes que indicaban que, efectivamente, existió una sobrevalorización de por lo menos 3 millones y medio de soles en la adquisición de los aparatos.
Después de tres meses, en octubre del año pasado, la Segunda Sala de Apelaciones, emitió su decisión respecto a la revisión de la sentencia de primera instancia y también compartió el criterio del juez Efer Díaz, razón por la cual confirmó la condena.
La defensa de los exalcaldes y exfuncionarios seguía sosteniendo que sus defendidos eran inocentes y que no habían incurrido en ninguno de los ilícitos que les imputaba la Fiscalía. Al no encontrar la razón en la Corte del Santa, acudieron en casación a la Corte Suprema de Justicia. Después de mucha espera, el 29 de mayo de este año, la Sala Penal Permanente – presidida por el juez supremo César San Martín- declaró inadmisible el recurso legal y declaró ejecutoriada la sentencia.
De esta manera, la última esperanza que tenían los sentenciados para recuperar su libertad, se esfumó.
El Ministerio del Interior (Mininter) ha fijado una recompensa de 20 mil soles para quienes puedan ofrecer pistas del paradero de los prófugos Julio Cortez, Victoria Espinoza y Javier Menacho. En la lista de “los más buscados” también se incluyó a la exgerenta de Obras, Micaela Flores, pero ella es la única que ha podido ser capturada por la Policía. La exfuncionaria municipal fue hallada en Trujillo, región La Libertad.
Los nombres de los servidores fueron incluidos en esta nómina a fin de que el trabajo de la Policía de capturarlos se haga más sencillo, pero ni siquiera eso ha funcionado. A un año de la sonada sentencia, la Policía no ha podido dar con el paradero de estas personas.
En diferentes ocasiones, en las que el jefe de la Divipol de Chimbote, coronel PNP James Tanchiva Díaz, ha sido interrogado por la prensa sobre este tema, ha afirmado que la Policía se encuentra siguiéndoles los pasos para que puedan ser puestos a disposición de la justicia.
CASO
Además de la sobrevaloración de más de 3 millones de soles en el precio de los semáforos; la sentencia da cuenta de la existencia de otros 12 hechos más antes, durante y después del proceso de selección, que hacen inferir que, efectivamente, los funcionarios municipales se coludieron con el empresario “para defraudar al Estado”, representado en este caso, por la comuna provincial.
Así, por ejemplo, se menciona que en un inicio la obra estaba contemplada a ser licitada con un presupuesto de 2 millones 500 mil soles. Sin embargo, luego se hizo su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con más metas y también con mayor presupuesto, llegando a costar los S/ 8 millones de soles.
También se observó la “inexperiencia comercial” que tenía el postor que fue seleccionado, la incorporación de “requisitos innecesarios en las bases” con la finalidad de favorecer a la empresa, la aprobación del expediente en solo dos días, la inusitada celeridad en los plazos administrativos y del concurso; así como las ampliaciones que se dieron al consorcio, que fueron hasta tres, que hicieron que la obra sea entregada en 150 adicionales a los 90 que se habían proyectado.
Fuente Diario Correo
