Mediante el informe de orientación de oficio N° 1853-2019, la Contraloría de la República detectó cuatro situaciones adversas en el servicio de reubicación del botadero de emergencia ubicado en el cauce de la quebrada Corrales, hacia el recolector municipal del distrito de Corrales, provincia de Tumbes, con un monto que asciende a S/ 759,329.97.
Siendo la más resaltante, que no cumplió con las fases del ciclo de gasto del Sistema Integrado de Administración Financiero (Siaf), impidiendo el adecuado control de sus recursos financieros asignados a la Municipalidad Distrital de Corrales.
A DESTIEMPO
Según el órgano de control, la entidad edil asignó recursos para la contratación del servicio con fuente de financiamiento del canon y sobrecanon con un monto que asciende a S/ 759,329.97, firmado mediante el certificado de crédito presupuestario N° 068 del 27 de marzo del presente año, del cual, se encuentra dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC).
Por ende, al ser considerado como un servicio de emergencia, se remite la carta N° 008-2019-MDC, firmado el 3 de abril, invitando a la empresa RPP Contratistas Generales EIRL para que proceda con la ejecución; pero, el 17 de abril se une junto a Construcciones, Ventas y Servicios Octalier, creándose el Consorcio Rapal, quien firma el contrato con la municipalidad.
Del cual, tiene un plazo de 20 días calendarios para reubicar el botadero de emergencia establecido en plena quebrada de Corrales, quien el Consorcio Rapal anunció la culminación de la actividad el 23 de abril a la subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural de dicha entidad.
Un mes después, el 22 de mayo, representantes del concejo distrital y de la empresa ejecutora, verificado los trabajos realizados, concluyen que se encuentran en concordancia con lo requerido según el contrato suscrito por ambas partes.
Sin embargo, según el ente contralor, no encontró la información relacionada al compromiso y demás fases del gasto en el Siaf, como también, el monto del mismo pese a que se dio por recepcionada la actividad el 22 de mayo del 2019.
De acuerdo el artículo 34 de la Ley N° 28411, establece que el compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legales establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios.
En otras palabras, la entidad ha recibido la prestación de servicios en los plazos establecidos pero no ha realizado el registro en el Siaf, evitando que exista un inadecuado control de los recursos financieros asignados a la misma entidad.
DEFICIENTE
Por otro lado, se detectó que en la documentación del servicio en cuestión ha sido firmada por una persona ajena al proyecto, lo cual, según la Contraloría, genera la posibilidad de una ejecución deficiente o distinta al expediente técnico.
El Consorcio Rapal consignó, en su carta de compromiso de personal clave, designó como responsable del servicio al ingeniero civil Franco Mera Ordinola; sin embargo, dos documentos fueron firmados por Ethel Fabiola Velásquez Martínez.
Quien, el único responsable cumple con los requisitos establecidos en las bases de contratación de la actividad; mientras que Velásquez, en la documentación, no pudo sustentar la experiencia profesional, uno de los requisitos de dichas bases de contratación del servicio que fue establecido.
Lo cual, esto genera que se dé la posibilidad de una ejecución deficiente o distinta al expediente técnico, por no haberse comprobado efectivamente la experiencia de la persona que realmente estuvo al frente de la ejecución del servicio.
ENGAÑO
De acuerdo a una entrevista realizada entre los miembros de la Contraloría de la República con el inspector del servicio, Javier Héctor Villarreal, manifestó que durante todo el proceso de la ejecución de la actividad, ha estado de forma permanente inspeccionando los trabajos efectuados por los operarios.
Sin embargo, no existe documentación que sustente su supervisión a las labores ejecutadas.
Incluso, en el afán de darle la razón al inspector, el subgerente de Desarrollo Urbano y Rural, manifestó que dicho servicio ejecutado no tiene ningún informe diario debido a que solamente se remite por única vez la documentación.
Pero, de acuerdo al informe del ente contralor, hasta la fecha no hay documentación que evidencie un control en la ejecución del servicio en cuestión.
Esto conlleva a que se genera la posibilidad de que la ejecución del servicio no se haya realizado de acuerdo a las condiciones estipuladas en las bases de contratación, y por ende, no se cumpla con las funciones asignadas de seguimiento y de control.
TRABAJOS
De acuerdo al oficio remitido por la Contraloría, la última situación adversa corresponde a que el área de la disposición final de los residuos sólidos no cumple con las condiciones mínimas establecidas en la normativa.
A ellos, se indica que no se ha realizado ningún trabajo de compactación y posterior tapado con tierra, dejando los residuos al aire libre, generando contaminación ambiental en la zona.
Otro hecho que llama la atención es que la basura trasladada se encontró fuera de las pozas.
Pese a ello, se detectó que no se ha constituido un letrero de identificación, ni cerco perimétrico de delimitación de la zona que se está utilizando como botadero en mención.
A ello, se le suma la carencia de una caseta de guardianía y control para el registro de entradas y salidas de vehículos o personas de las instalaciones del botadero, lo que puede ocasionar que personas ajenas al oficio arrojen la basura sin haber coordinado con la entidad edil.
Diario Correo se comunicó con el alcalde de Corrales, Hugo Pérez Dios, para coordinar una entrevista pero respondió por mensaje de texto que se encontraba en una reunión.
Fuente Diario Correo
