Cuando Marcelo Odebrecht, el CEO de la compañía del mismo nombre, aceptó en sus declaraciones a la Fiscalía brasileña que en los últimos años crecieron en forma exponencial las cifras oficiales de sobornos en el Departamento de Operaciones Estructuradas de su constructora, las alarmas se encendieron en quienes seguían día a día el caso de corrupción más grande de Brasil y el Perú. Y es que las “coimas” habían aumentado más de 12 veces entre el 2006 y el 2012, es decir de 60 millones a 730 millones de dólares.

El ejecutivo carioca estaba cuantificando solo el tema de los sobornos que, con todo lo importante que son para la política, no es lo más sustantivo del caso Lava Jato, como sí lo son las sobrevaluaciones de las obras o proyectos de ingeniería civil en nuestro país, que deben bordear -junto con otras constructoras cariocas como OAS-, unos 15,000 millones de dólares.

Una cifra descomunal si lo comparamos con alrededor de 180 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios, llámense presidentes de la república, vicepresidentes, ministros, funcionarios de Proinversión, Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional, etc, etc.

Y más descomunal si tenemos en cuenta unos 10 millones de dólares relacionados al tercer gran problema del caso Lava Jato: el rubro llamado “aportes a las campañas de los partidos” por parte de Odebrecht, sean del nacionalismo, Fuerza Popular, el PPC, Susana Villarán o el Apra.

Para los expertos del megacaso, la “carne” es entonces los sobrecostos en los proyectos de Odebrecht que surgen de la modificación o desnaturalización de los contratos originales, como ha sucedido con las adendas, y el “hueso” sería los “aportes a los partidos”, donde se ha centrado la investigación fiscal del equipo especial Lava Jato, al parecer por razones políticas.

Sobre el tema, el ex congresista Víctor Andrés García Belaunde, que fue integrante de la comisión Lava Jato del Congreso disuelto, sostiene que los cálculos proyectados en dicho grupo de trabajo señalaban que tales sobrecostos “estaban efectivamente por unos 15 mil millones de dólares o quizás más”.

“Solo en los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica los incrementos de costos estuvieron calculados en 2,843 millones de dólares, y en el Gasoducto del Sur la sobrevaluación llegó a 3,685 millones de dólares, lo que hace un total de 6,528 millones”, añade el acciopopulista, acotando que en el gasoducto al final no se pudo concretar dichos montos por la rescisión del contrato porque Odebrecht y sus consorciadas no pudieron conseguir el financiamiento (cierre financiero).

“En la comisión investigamos las sobrevaluaciones en 11 obras y el monto llegó a 7,415 millones de dólares, teníamos planeado auditar unas 40 obras de los más de 70 proyectos que Odebrecht ha ejecutado en el Perú, pero no fue posible por razones de tiempo y porque la comisión fue boicoteada por razones ya conocidas”, dijo García Belaunde a EXPRESO.

Esto significa que está pendiente una auditoría de daños de la mayoría de obras a Odebrecht en particular y de todo el caso Lava Jato en general, más allá de lo que haya acordado el Gobierno y las Fiscalía en el acuerdo de colaboración eficaz.

Con relación al tema de los sobornos a altas autoridades el ex legislador los calculó entre 180 y 200 millones de dólares, monto “equivalente o aproximado al pago de la reparación civil que, como se sabe, es de 612 millones de soles en 15 años”, sostiene.

Esta cifra de sobornos, ejemplificado en el caso Toledo, que habría recibido unos 35 millones de dólares por las interoceánicas, para García Belaunde no llega ni al uno por ciento del daño ocasionado por la sobrevaluaciones que, repetimos, “debe estar en unos 15 mil millones de dólares, si no será más si incluimos las otras empresas cariocas, llámenos OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras”.

Estos daños han sido posibles, como se sabe, por la corrupción que de su forma tradicional pasó a tener dimensiones industriales, sobre todo en los megaproyectos del gasoducto del sur, las carreteras de la Interoceánica, la hidroeléctrica de Chaglla, por poner algunas obras.

A las sobrevaloraciones de las obras, a los sobornos a los altos funcionarios empezando por los presidentes de la república y los aportes a los partidos, debemos reclamar, agrega García Belaunde, no solo la reparación civil que está pendiente en varios proyectos de Odebrecht que están judicializados, “sino la multa que Odebrecht debe pagar, como lo ha hecho en Estados Unidos y en otros países donde ha delinquido”.

TRAMO 4

Para muestra un botón sobre las sobrevaluaciones en las interoceánicas. En el tramo 4 de dicha carretera al Brasil, que va del Puente de Inambari a Azángaro, el presupuesto inicial fue de 309’475,290 millones de dólares, pero resulta que al diciembre de 2017 el monto de inversión había llegado a la friolera de 1,11’568,307.25 dólares. La diferencia entre el presupuesto inicial y la inversión de la citada fecha estaba en más de 802 millones de dólares.

GRUPO BARTRA

Según la información de la comisión Lava Jato, en especial del equipo de la ex legisladora Rosa Bartra, se calculó que el proyecto Línea Amarilla de los peajes de Lima están sobrevalorados en 391.4 millones de dólares.

El proyecto hidroeléctrico Chaglla tuvo una inversión calculada en 607.7 millones de dólares, pero la obra incrementó su costo en 635 millones de dólares.

Parecidas circunstancias con el expediente técnico de la Línea 1 (tramos 1 y 2) del Tren Eléctrico de Lima. El primer tramo que va de Villa El Salvador a la avenida Grau tiene un sobreprecio de 108.9 millones de moneda verde, mientras el tramo 2 que va de Grau a San Juan de Lurigancho llega a 301.86 millones.

Si revisamos el cuadro adjunto en estas páginas, no hay obra que no tenga sobrecostos, como también se puede observar en los proyectos hidroenergéticos de Olmos y Trasvase e Irrigación, que suman 104.2 millones de dólares.

En el equipo técnico de la comisión Lava Jato que presidió Rosa Bartra (FP), se afirma que los contratos de concesión para Odebrecht estaban a la medida de esta transnacional.

Señalan que había “escalamientos” de inversión y costos, esto porque las buenas pro se hicieron sin los estudios de preinversión. Es más, los referidos a prefactibilidad no se sustentan en informaciones básicas o primarias y menos aún los estudios definitivos y los de impacto ambiental.

Por eso es que se permitieron 22 adendas en los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011) en las interoceánicas.

No es que eran asociaciones público privadas sino que desnaturalizaron este esquema porque los recursos principalmente salían del Estado, con adelantos de pago por obras, por ejemplo.

De esa forma es que se inyectaron ingentes recursos a “elefantes blancos”, como la misma Interoceánica, sin estudios de mercado, como se ha probado no solo en todos estos tramos carreteros, sino en el gasoducto del sur, o en el mismo Chaglla, donde en la actualidad la hidroeléctrica del Estado tiene que subsidiar dicha obra vendida a un consorcio chino con alrededor de 150 millones de dólares al año.

SOBRECOSTOS

Los proyectos de Odebrecht, según los expertos, tienen una orientación hacia la corrupción, a los sobrecostos, a la distorsión en la asignación de recursos, exoneración de procedimientos indispensables, alteración de las licitaciones, subsidios indiscriminados, etc.

VISIÓN DEL CONGRESO

En lo que queda del Congreso -la Comisión Permanente- y en el entorno de Rosa Bartra se afirma que haber fiscalizado el caso Lava Jato en los aportes a los partidos, como es el caso de Fuerza Popular, ha sido una desviación de los temas más importantes de la corrupción odebrechista, que están en efecto en los sobrecostos de las obras por unos 15 mil millones de dólares”, afirman.

En ese contexto, el pago hecho a Odebrecht de los 524 millones de soles producto de la venta de Chaglla ha sido posible “solo con el cierre del Congreso, con el golpe de Estado, con tal de legitimar los acuerdos con Odebrecht planteados por el Ministerio Público, legalizados por el Poder Judicial y cumplido por el Ejecutivo “, subrayan.

EN SOLO TRES MESES

Recordemos que entre marzo a junio del 2014 -en solo tres meses- el gobierno de los Humala-Heredia otorgó proyectos sobrevaluados por 16,500 millones de dólares en los cuestionados Gasoducto del Sur; la Modernización de la Refinería de Talara y la Linea 2 del Metro de Lima.

Fuente Diario Expreso

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