Marisa Glave es una de las parlamentarias más críticas sobre el manejo de la Contraloría. En su opinión, esta institución ha perdido legitimidad y no está siendo dirigida acorde a sus funciones encomendadas. Pide la separación de su titular, Edgard Alarcón, y solicita a la fiscalía una exhaustiva investigación sobre el caso de computadoras sobrevaluadas.
El Congreso realizó una compra de computadoras injustificada e ilegal, según el informe de Control Interno del mismo Parlamento. ¿De quién es la responsabilidad?
Este informe ha puesto en evidencia que el mecanismo de compra directa en realidad estaba acelerando los papeles irregularmente. Cuando el escándalo estalló, simplemente se paralizó la compra y no llegó a ejecutarse, pero ha seguido su curso y está siendo investigado en el Ministerio Público, que determinará las sanciones penales.
Este informe de Control Interno es de diciembre del 2016. ¿Usted tenía conocimiento de su contenido?
Este informe no nos ha sido entregado formalmente. No tenía conocimiento de su contenido. Pero sí he pedido información en más de una oportunidad a Oficialía Mayor.
Cuando estalló este caso, el contralor Edgar Alarcón subestimó su importancia y dijo que solo “eran cinco milloncitos”, refiriéndose al monto sobrevaluado. ¿Cree que esta actitud era porque conocía de la acusación en su contra que ya estaba en manos del Parlamento?
Estamos ante una evidente figura del contralor, de este contralor en particular, que tiene un problema de legitimidad muy fuerte y que en las distintas instancias no han querido tocarlo, ni la Presidencia del Consejo de Ministros ni la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y tampoco el Congreso.
¿La denuncia que llegó al Congreso debió ser remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?
Entiendo que por tratarse del contralor correspondía esta comisión al tener derecho a un antejuicio. Pero, vea usted que esta misma denuncia también llegó a la comisión de Fiscalización y esta tampoco hizo nada.
¿Es válida la justificación del señor Héctor Becerril, presidente de esta comisión, de decir que no dio trámite a la denuncia porque no era su periodo?
La negligencia del señor Becerril es evidente. Imagínese que le entregan un caso de temas que tienen que ver con un funcionario del gobierno del señor (Ollanta) Humala o del presente gobierno, y es un gran inquisidor. No puede ser que al contralor ni lo haya mirado. Es sorprendente y eso genera sospecha sobre la real voluntad del fujimorismo de tratar de cumplir con el control que le corresponde al Congreso.
¿Podría el señor Becerril afrontar una denuncia por falta ética?
La comisión de Ética no es mi favorita. Siempre ha sido y sigue siendo utilizada políticamente por tirios y troyanos. La verdad, creo que no es el camino para resolver el tema de fondo. Lo que hay que hacer es poner en evidencia ante la opinión pública que el señor Becerril parece tener para sus enemigos una desesperación de acción sanguinaria y para sus amigos, simplemente lo remite al archivo.
¿Cree usted que hubo una intención del fujimorismo de proteger al contralor Edgar Alarcón?
Existe la sensación de que el contralor depende del fujimorismo, y el tema va por si realmente la Contraloría es autónoma.
Si la autonomía de la Contraloría es objeto de cuestionamientos, ¿qué le espera a esta institución?
Tenemos un problema grave, y es que los sistemas reales de control en el país parecen activarse solo cuando hay escándalo. Más allá de este contralor, una de las cosas más grande que estamos viendo es la adenda del aeropuerto de Chinchero en el Cusco y la utilización de las asociaciones público privadas. Lo de Áncash, por ejemplo, pasó frente a la Contraloría… y entonces no tenemos una institución que esté buscando acciones de control y prevención frente a la corrupción.
¿Qué solución propone?
Necesitamos repensar seriamente en el país cómo vamos a hacer un sistema de control y vigilancia que resuelva realmente la necesidad que tenemos de ponerle límite a la corrupción que ya se va infiltrando en todas las instancias del Estado.
¿Cuál es el futuro de Edgard Alarcón?
El señor Alarcón no debe mantenerse en el cargo. Con lo que está sucediendo, en mi opinión, debemos pasar a una evaluación colectiva en nuestra bancada. El caso se verá en la comisión Permanente porque fue este grupo el que finalmente lo eligió. Originalmente pensaba que la comisión de Fiscalización debía ver el caso, pero si ya lo han tenido nueve meses y no han hecho nada, no tiene ningún sentido que lo vean.
La denuncia del contralor aparece después del informe sobre Chinchero, ¿coincidencia o represalia?
Creo que el contenido de la denuncia es gravísimo, pero también está siendo utilizado para tapar los serios problemas que hay con las alianzas público privadas en el país.
El ministro de Transporte, Bruno Giuffra, ha anunciado la prórroga de la suspensión de la adenda…
Me parece sorprendente que ahora hayan idas y venidas… A pesar de que el señor (Martín) Vizcarra, a la hora de renunciar, anunció que se acababa la adenda y el contrato, ahora dicen lo contrario.
¿El Frente Amplio apoyará una interpelación al ministro de Transporte, Bruno Giuffra?
Creo que las interpelaciones no son la solución. Yo voy a apoyar que esta obra sea pública y que el Estado cumpla su rol de defender los intereses públicos y no el de los privados. Ojalá el ministro Giuffra no piense que con la salida del señor Vizcarra se acabó el problema. El problema es la adenda y la manera en que la han firmado.
¿Cree usted que se ha devaluado el mecanismo de la interpelación?
No veo que ahora se haya presentado interpelaciones contra ministros, todo ha quedado en eventuales expresiones de uno o dos congresistas.
La comisión Lava Jato viajará a EEUU, pese a que el embajador de este país informó que no tendrán acceso a documentos por tratarse de una investigación reservada
Si no van a traer información, no tiene sentido perder plata del Congreso. Antes de viajar debe quedar claro que sí tienen la autorización de que van a traer información. No entiendo muy bien qué cosa pueden hacer en Estados Unidos.
Fuente La República
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