La Fiscalía del caso Lava Jato y la Dirección de Lavado de Activos de la PNP (Dirila) allanó 14 inmuebles pertenecientes a cinco árbitros y dos exfuncionarios del MTC, sospechosos de formar parte de esa red de corrupción en Lima. Los árbitros no pertenecen a ninguna federación deportiva, sino al Registro Nacional de Árbitros, administrado por el OSCE, y su función es resolver las discrepancias en la ejecución de las obras públicas.
Lo irónico es que el arbitraje, que muchos funcionarios públicos “aman y desean”, se ha convertido en una inmejorable estrategia para obtener pingües ganancias para todos los involucrados. Los árbitros, como lo demuestran los signos de riqueza, son sospechosos de coludirse con ambas partes.
A los malos funcionarios y a las empresas les conviene que una millonaria obra pase a arbitraje. Allí, el árbitro tendrá la oportunidad de favorecer –en casi todos los casos- a la constructora, la cual recibe una suma millonaria que sale de las arcas de ediles o regionales. El árbitro gana su “comisión”, los funcionarios –previo arreglo- cobran la suya y la empresa, su parte. Todos felices y contentos. En Piura, casi todos los arbitrajes de municipios y GORE han sido perdidos.
Fuente El Tiempo
