El Estado puede encargar a organismos internacionales la responsabilidad de contratar a empresas para realizar obras o servicios. La ley de contrataciones lo permite solo cuando se trata de un megaproyecto, un proceso muy técnico o cuando la tercerización resulta más económica. Sin embargo, en los últimos tres años el mismo sector público abusó de la norma.
Desde el 2011, municipalidades, ministerios y regiones otorgaron más de 2.800 millones en obras y compras con esa modalidad
Desde el 2011 hasta setiembre del 2013, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) contabilizó 1.721 licitaciones (por S/. 2.853 millones) que fueron delegadas a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Unops de Naciones Unidas, entre otros.
Estas entidades cobran hasta 3,5% del costo de cada obra, a cambio de dirigir el proceso de selección, analizar las propuestas y otorgar la buena pro. En promedio, entre el 2011 y 2013, estas entidades han recibido S/.85 millones como ganancia por sus servicios.
El Comercio conoció que las entidades del Estado que más recurrieron a los convenios internacionales desde el 2011 fueron el Programa de Educación Básica del sector Educación, el Gobierno Regional de Ayacucho, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (Sunasa), la Sunat y el municipio de Surco.
MILLONES SIN FISCALIZACIÓN
En el 2011 se realizaron contratos por S/.651 millones, en el 2012 la cifra llegó a S/.1.618 millones y solo a setiembre del 2013 se llegó a S/. 586 millones. Un total de S/. 2.855 millones en los últimos tres años. Sin embargo, estos montos no alcanzan la cifra del 2010.
Aquel año, municipios, ministerios y gobiernos regionales tercerizaron contratos por la cifra récord de S/.3.155 millones. Solo Luis Castañeda, entonces alcalde de Lima, le encargó a la OIM la administración de 177 obras viales y pagó por ello S/.43 millones de comisión.
Al descubrirse estos montos, las contrataciones con entidades internacionales se redujeron hasta en un 80% en el 2011, pero desde entonces la tendencia está de regreso.
CRÍTICAS DE PESO
El mayor cuestionamiento que pesa sobre estos convenios es la imposibilidad, por parte del Ministerio Público y la contraloría, de fiscalizar el dinero que los organismos internacionales reciben o identificar a responsables en caso se detecten ilícitos.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción dijeron que este fue uno de los obstáculos para investigar al cuestionado presidente regional de Áncash, César Álvarez, por la adquisición sobrevaluada de 79 ambulancias. La OEI, involucrada en el Caso ‘Petroaudios’ en el 2008, manejó el proceso y alegó inmunidad diplomática para evitar la entrega de toda la documentación.
“No se pueden supervisar los recursos transferidos. Dichos organismos se escudan en las inmunidades a fin de no dar información”, sostiene la contraloría en el proyecto de ley que envió al Congreso en el 2011 para frenar estos convenios. El documento aún duerme en la Comisión de Fiscalización.
La ley de contrataciones indica que la contraloría puede intervenir en estos procesos, pero no en los que existan fondos procedentes de donaciones. “Con esto le sacan la vuelta a la ley”, dijo una fuente de contraloría a este Diario. En el convenio que firma la entidad pública con los organismos internacionales se incluye una cláusula de cooperación, para que estos últimos ‘donen’ el 10% de la comisión que reciben como ganancia. Allí está el detalle.
COMPRA DE GORRAS
Las contrataciones también son criticadas por delegar millones en procesos menores. Si bien este año la OIM participó de la licitación de la nueva sede del Banco de la Nación y de un centro de convenciones (por S/.850 millones), también aparecen procesos tercerizados a la OEI para comprar gorras, pasajes aéreos y uniformes para el Ministerio de Educación y hasta para contratar el servicio de limpieza en la Sunasa.
Susana Villarán, quien criticó el uso de la OIM en la gestión de Luis Castañeda, también trabaja con esta entidad en el túnel Santa Rosa, obra que elevó su presupuesto en S/.70 millones y, por ende, el pago de la comisión. “Estos convenios solo deben emplearse cuando el Estado no cuenta con capacidad técnica para evaluar a los postores y no en cualquier caso”, dijo una fuente del OSCE.
LAS CIFRAS
22 MILLONES
Ha derivado la Municipalidad de Lima a la Unops mediante convenio, para que licite la ampliación de pabellones en el Mercado de Santa Anita. El proceso anterior, que fue llevado por la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa), terminó en una demanda arbitral porque el postor ganador, Virgen de la Puerta, presentó documentación falsa.
7 CONVENIOS
Tiene la región Ayacucho con la OIM para rehabilitar colegios y hospitales, pero los opositores dicen que no tienen expediente técnico.
8 ENTIDADES
Públicas tienen convenio con la OIM para administrar sus procesos.
ELIZABETH SALAZAR
Unidad de Investigación
Fuente El Comercio
