La situación legal del alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas, se complica en la investigación preparatoria que formalizó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque por el delito de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible, específicamente por el cuestionado contrato con la empresa Veolia Servicios Perú SAC.

La fiscal provincial, Karim Ninaquispe Gil, en la disposición n.° 8, documento al que tuvo acceso La República, precisa que los elementos de convicción recabados por el Ministerio Público, luego de la denuncia del ciudadano Humberto Heredia, infiere en grado de sospecha reveladora que el burgomaestre habría concertado o favorecido a la empresa Veolia para que preste servicios para la entidad edil.

Actos preparatorios cuestionados

En ese sentido sostiene que el presunto favorecimiento se inició en los actos preparatorios de la Contratación Directa n.° 01-2019, la que se materializó con la suscripción del contrato n.° 001 con fecha del 22 de abril de 2019 por el importe de 1 896 750 soles.

Entre los indicios de la presunta comisión ilícita figura que en febrero del año pasado, Veolia finiquitó su relación comercial con la Municipalidad Provincial de Trujillo que declaró la nulidad de oficio del contrato de Concurso Público n.° 01-2017 para el servicio de instalación de contenedores, recolección y transporte de residuos sólidos.

Ninaquispe remarca que este hecho cobra relevancia porque en este contexto, los funcionarios de la MPCh iniciaron los actos preparatorios para la contratación directa, expidiéndose diversos informes para justificar el desabastecimiento del servicio de recojo de residuos sólidos en la Ciudad de la Amistad, pese a conocer de los convenios firmados con el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) para el tratamiento integral de los residuos sólidos.

Documentos suscritos

En el documento fiscal se indica que en enero de 2019, Marcos Gasco, en representación del ayuntamiento, suscribió con el Gobierno regional los Convenios n.° 03 y 04; así como la adenda n.° 01 para la recuperación de la calidad ambiental de los puntos críticos por acumulación de basura.

Incluso, el 2 de marzo de 2019 firmó otro convenio con la entidad regional para continuar con el mismo servicio. Es por eso que la Fiscalía Anticorrupción aseguró que a pesar de estas medidas, se firmaron los Acuerdos Municipales n.° 021 y 027, el 1 y 18 de marzo de 2019, respectivamente a fin de aprobar el desabastecimiento del servicio de recojo de los residuos sólidos.

Fuente La República

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