El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) presentó los avances alcanzados en la implementación de la gestión de riesgos en las contrataciones públicas, luego de que en el 2020 se identificaran 81 riesgos que afectan la eficiencia, la competencia y la integridad durante el ciclo de compra.
En el webinario “Implementando la gestión de riesgos en contratación pública: perspectivas y desafíos”, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, destacó la importancia de la gestión de riesgos y el compromiso del Estado y el sector privado, para combatir efectivamente la corrupción.
«La lucha contra la corrupción nos compromete a todos los servidores del Estado y también al sector privado. Por ello, eventos como este nos permiten conocer experiencias y avances en gestión de riesgos, que son indispensables para seguir mejorando», aseveró.
Por su parte, el director de Usaid Perú, Jene Thomas, resaltó el trabajo conjunto que desde hace tres años Usaid y OSCE desarrollan a fin de identificar e implementar una estrategia para la mitigación de los riesgos que afectan la contratación pública.
En la perspectiva internacional, Jacobo Pastor García, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sostuvo que la gestión de riesgos debe ser una actividad permanente que ayude a las organizaciones a lograr sus objetivos mediante decisiones claras.
Con relación a los riesgos en materia de integridad, comentó que estos aumentan durante crisis y emergencias (como la de la pandemia del covid-19), en tres áreas particularmente relevantes: contrataciones de emergencia, paquetes de estímulo económico y transgresiones a la integridad en organizaciones públicas.
Impacto
Por su parte, la directora de Gestión de Riesgos del OSCE, Ana María Gutiérrez, mencionó que los principales riesgos que impactan negativamente las etapas de precompra, compra y ejecución contractual comprenden deficiencias en la programación de las contrataciones, exigencias injustificadas, direccionamiento, deficiencias en el estudio de mercado, sobrevaloración, vulneraciones normativas que generan nulidades y reprocesos, entre otros.
La funcionaria explicó que el OSCE, con el apoyo de Usaid, implementa una hoja de ruta para el tratamiento de los riesgos por parte de las entidades públicas, con un enfoque integral, transversal y preventivo. Esta hoja de ruta en un primer momento implicó la caracterización de entidades y el diseño de una herramienta de autoevaluación.
“Actualmente nos encontramos en la fase de conocer los riesgos que afronta cada entidad en materia de contrataciones. Para recoger esta data estamos recabando información de más de 3,000 entidades públicas. Sabiendo cuál es el problema podremos ayudar a la solución para evitar entrampamientos, nulidades en los procesos o declararlos desiertos, lo que perjudica a miles de peruanos”, precisó Gutiérrez.
Fuente Andina
