El 31 de diciembre de 2015, Elena Emperatriz Flores Ponce de León y Fidel Tarco Quispe trabajaron hasta las 09:16 de la noche. Flores era jefe de la oficina de Contabilidad y Taco de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (OASA) en el Gobierno Regional de Cusco.
Trabajaron fuera del horario de oficina no necesariamente por un acto de convicción. Esa noche se estaba fraguando un presunto hecho de corrupción en la gestión del exgobernador Edwin Licona.
Apoyados por otras tres personas, Flores y Tarco elaboraban, entre otras cosas, las órdenes de servicio para pagar S/ 11 399 362.30 a 19 empresas que no habían levantado una piedra para la descolmatación de los ríos.
Ese mismo día, por la mañana, el exgobernador Edwin Licona había presentado una propuesta al Consejo Regional para exonerar la contratación de las 19 obras de descolmatación del cauce de ríos en varios distritos de la región imperial.
«Fue, sin duda, sospechoso que haga ese pedido el último día del año. Por eso, empezamos a pedir información», recuerda el exconsejero Alaín Alanocca.
Cuando la fiscal anticorrupción Gladys Aparicio formalizó la investigación preparatoria, concluyó que hubo coordinaciones entre Licona y los empresarios para favorecerlos con obras de miles y millones de soles. Un caso casi probado fueron las coordinaciones de Licona con la empresaria Janet Castro para la adjudicación de una obra de descolmatación. En mensajes intercambiados entre ambos, en el periodo entre julio y noviembre de 2015, ella señala que había cumplido con abonar el diezmo.
Castro admitió ante la fiscal Aparicio que conversaba con el exgobernador Edwin Licona. Es decir, Licona sí estuvo negociando la entrega de la obra a esta empresaria, que también entregó su factura sin que haya cumplido servicio alguno. El 31 de diciembre, la empresa de Castro ganó una de las obras por 324 000 soles.
Otras 18 empresas y personas naturales sin experiencia —ni maquinaria en algunos casos— también se adjudicaron esos proyectos. «El acuerdo colusorio se habría concretado con la emisión de las facturas por parte de las empresas y la aceptación de estas por el Gobierno Regional de Cusco. Mucho más todavía cuando la Región comprometió presupuestos y en otros hasta hizo los devengados correspondientes», asegura la fiscal Aparicio.
¿Cómo eligieron a las personas y empresas para adjudicar las obras a dedo?
Todo indica que los funcionarios regionales del entorno más cercano del exgobernador Edwin Licona los contactaron.
Cuando los empresarios fueron interrogados por la fiscal, admitieron que fueron llamados por funcionarios para que entreguen sus facturas, sin que hayan hecho trabajo alguno. Fidel Taco Quispe, entonces jefe de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (OASA), tenía esa misión.
Verdaderos empresarios.
Por ejemplo, el gerente de la empresa Zeus SAC, Rómulo Juber Torres Quispe, emitió la Factura N.° 003519, pese a que no prestó el servicio.
Asimismo, la gerenta de la empresa P&J Contratistas EIRL, Patricia Lovatón Prieto, entregó la Factura N.° 00083. A la fiscal le dijo que nunca hizo la intervención de la descolmatación del río Kacjllamayo-Chucchuma-San Pedro-Canchis y que su maquinaria no fue llevada a dicho lugar.
El ciudadano Ciro Santiago Mendoza Núñez dio su Factura N.° 0002-000001, pero tampoco hizo trabajo alguno en la zona de Huyro-Huayopata y no movilizó maquinaria.
Algo más grave, Oswaldo Huamán Yépez, administrador de Segestonger SAC, emitió la Factura N.° 001-000517 por orden de su sobrino Jhonathan Emilio Huamán Díaz. Precisó que su empresa no cuenta con maquinaria para limpiar los ríos.
Carlos Medrano Lanado, representante de Jameh Contratistas, entregó la Factura N.° 0001-00051. Sin embargo, su empresa no había realizado trabajos similares (descolmatación) con anterioridad y no cuenta con maquinaria para tal fin. Laura Cornejo Cala, propietaria de Inversiones Generales Cornejo, dijo que su apoderada hizo la factura. Su empresa únicamente, dijo, cuenta con un volquete, es decir, no tenía ni siquiera maquinaria para realizar el servicio.
ENFOQUE
Luis Gallegos
Abogado de Edwin Licona
No hay argumentos para la prisión preventiva
El Ministerio Público no tiene argumentos para sustentar esa prisión preventiva para el exgobernador Edwin Licona. Me parece que hay extemporaneidad en la solicitud. Adicionalmente a eso, el sustento son meramente subjetividades, presunciones que hace el Ministerio Público. Uno de los requisitos de la prisión preventiva es el peligro procesal y la falta de arraigo domiciliario y familiar. Y no hay sustento suficiente como para que el juez declare fundado ese requerimiento.
Además, la fiscalía empezó la investigación por colusión por las contrataciones; al final pretende atribuir como sustento para esas irregularidades la relación entre el (ex)gobernador y una señora (Janet Castro), que no tiene nada que ver con el tema de las descolmataciones.
El señor Edwin Licona está enterado del pedido. La última vez que hemos conversado con él dijo que está presto y llano a asistir a todas las diligencias que le hagan.
Fuente La República
