El jurista Alex Starost manifestó que el origen de las irregularidades en los contratos de concesión de los peajes Rutas de Lima y Línea Amarilla están en el incumplimiento del artículo 16 del Decreto Legislativo Nº 1224, del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, con respecto a las opiniones previas.

“El origen de la corrupción se genera en los actos preparatorios que derivaron para obtener la concesión en la administración del gobierno municipal, desde la gestión del exalcade Luis Castañeda Lossio, no se ha estudiado la corresponsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Contraloría y la propia municipalidad para aprobar la iniciativa pública privada”, declaró en RPP Noticias.

Según el punto 16 del decreto, los proyectos deben contar con una “opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Informe de Evaluación y a la versión final del contrato de Asociación Público Privada”.

De no contar con la opinión favorable del MEF, su adjudicación no surte efecto y es nula de pleno derecho, salvo que hubiesen solicitado los informes y, de no emitirse dentro de los plazos previstos, son consideradas como favorables.

“Lo que es contundente además es que se tiene que analizar la trazabilidad del tiempo de cómo el adquiriente, llamado de buena fe, nace sobre el hecho de corrupción. Es de pleno conocimiento que los adquirientes sabían de los presuntos ilícitos. Ante esto se debe ver la nulidad de los contratos”, agregó.

El experto en contrataciones del Estado recordó luego, en conversación con EXPRESO, que el caso Lava Jato se empezó a investigar en el año 2013, se hizo público en 2014; en 2015 se formó una comisión investigadora en el Congreso peruano (presidida por el legislador Juan Pari) y después vinieron los apresamientos de los dueños de Odebrecht y OAS, Marcelo Odebrecht y ‘Léo’ Pinheiro y al final la venta de los peajes, recordó.

“Línea Amarilla de OAS fue comprada por la francesa Vinci Highways por US$ 1,430 millones y Rutas de Lima, de Odebrecht, por la canadiense Brookfield Asset Management por US$ 400 millones, cuando el escándalo era nacional e internacional, es decir estos señores no pueden decir que compraron de buena fe los peajes de Lima”, apuntó Starost.

En ese sentido, dijo que las autoridades competentes deben analizar no solo los contratos sino los hechos previos, porque ya hay un sentenciado, “el exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la administración de la exalcaldesa Susana Villarán, Domingo Arzubialde, que recibió una condena de cuatro años por el delito de negociación incompatible, el cual debió ser por corrupción, en la modalidad de colusión”, según Starost.

SERÍAN ANULADOS

Una pieza importante en los procesos contra la impunidad es determinar el monto de reparación civil que deberán pagar los investigados por corrupción al Estado, pero esta etapa se podría ver frustrada por inacción de la Procuraduría Anticorrupción y el Ministerio Público, según la exprocuradora Delia Muñoz.

Para la especialista, los fiscales deberían pedir la aplicación del artículo 97 del Código Penal, cuyo objetivo es que los procesados no vendan, ni transfieran sus bienes o patrimonios a terceras personas; y la incautación de bienes desde el inicio de un proceso preliminar para proteger la reparación civil a favor del Estado.

Fuente Diario Expreso

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