¿Qué pensaría usted si la Municipalidad de Lima le arrienda un espacio y luego, sin decirle nada, convoca a un nuevo concurso con un precio mucho –pero mucho– menor para el metro cuadrado? Lógicamente, se sentiría estafado.
Así es como se siente Marco Tulio Suquilanda Zavalaga, propietario de la empresa ganadora de la primera convocatoria de espacios publicitarios del Metropolitano, objeto de una serie de irregularidades que serán investigadas por la Comisión de Fiscalización del Congreso.
El grupo parlamentario ha cursado el 19 de noviembre último un oficio a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, para que su despacho remita información acerca del monto de valorización por metro cuadrado de la referida publicidad, que pasó de US$ 65 en el concurso ganado por De Marco Consultores a solo US$ 6 en la nueva convocatoria, del 20 de setiembre del 2012. Extrañamente, ambos se fijaron sobre la base de un mismo estudio de mercado de Macronconsult contratado por Protransporte para tales fines.
Pero, ¿qué dice el informe de la consultora? El escenario base contemplado supone un ingreso por metro cuadrado de área de publicidad de S/. 175 mensuales, con valores que fluctúan entre los 80 y 65 dólares como mínimo para el alquiler del mismo. Con este sustento, la empresa municipal procede a convocar –a modo de prueba piloto– al concurso ganado por la empresa de Suquilanda, para el alquiler de 730 metros cuadrados de espacio publicitario en el Metropolitano por cinco meses. El contrato entre ambas partes fue finalmente suscrito el 20 de octubre del 2011.
Cuando la empresa ya tenía nueve meses como arrendataria (firmaron adendas al contrato), se percatan de la nueva convocatoria, por la que el ganador se adjudicaría nada menos que 11 mil metros cuadrados por cerca de US$ 70 mil, y con facilidades. La modalidad, sin embargo, no sería alquiler, sino usufructo.
Esta última ha sido –según refiere Suquilanda a EXPRESO– la única explicación que siempre terminó dándole la empresa edil para la abismal diferencia en precios: que se trata de dos tipos de contratos diferentes. “Pero ¡es el mismo producto! Aquí, o en África, o en cualquier lugar del mundo es un metro cuadrado, (pero) no tienen ningún sustento técnico para decirme por qué nos costó 59 dólares más, y bajo el mismo estudio”, dijo respecto a lo finalmente pagado por ellos, que hace un total de US$ 412,759 de más con relación al nuevo precio.
Conversó primero con el entonces gerente general de Protransporte, Juan Tapia Grillo, y luego con la gerencia general, que reconoció el error y culpó al jefe de Marketing, Vladimir García, de hacer mal los cálculos. Después de una negociación inicial –estaba cerca la revocatoria y temían que el escándalo explotara– le rebajaron, a modo de compensación, el monto del pago mensual a la mitad.
Pero la empresa esperaba soluciones, no paliativos. Cansados de esperar a que finalmente se sincere el precio por metro cuadrado, o se les dé una explicación convincente, decidieron dejar de pagar el alquiler. Tras la revocatoria, la empresa municipal responde a esta acción y decide –¿para amedrentar?– irse a un proceso arbitral contra De Marco Consultores para cobrarles los cerca de S/. 500 mil de este adeudo.
Es recién a mediados de este año que Suquilanda Zavalaga decide acudir a la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Lima, pero esta terminó “peloteándose” el asunto con la de Protransporte. La primera le indicó que su denuncia era competencia de su par en la entidad municipal y procedió derivándola, pero en esta le han dicho más bien que pida las explicaciones del caso a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima.
