Funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (UNAH), Silverio Apaza Apaza y Manuel Jesús Oncebay Pariona fueron sentenciados a cuatro años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspende por el periodo de tres años, dentro del cual los sentenciados deberán firmar en el Poder Judicial.
Además se les impuso la inhabilitación, para cada uno, del ejercicio de cualquier cargo público por cuatro años, conforme a lo previsto en el artículo N° 36 del Código Penal.
Asimismo, se fijó doscientos dias-multa a razón de 30 soles diarios que equivale al monto de seis mil soles la misma que debe pagarse dentro de los 10 días luego de haberse consentido la sentencia. Además que se les impuso una reparación civil de 20 mil soles en forma solidaria a favor de la universidad.
Resulta que en el año 2015, Manuel Oncebay Pariona se desempeñó como responsable de la oficina de logística de la UNAH y Silverio Apaza Apaza fue Vicepresidente Académico de la misma casa de estudios. Ambos, fueron miembros del comité especial encargados de llevar a cabo los procesos de selección para la adquisición de equipos del proyecto “Instalación y Equipamiento de los Servicios de Laboratorio de Ciencias Básicas y de Especialidad” por la suma de 118,668.00 soles.
De acuerdo al Ministerio Público, se ha logrado probar que los sentenciados desplegaron un interés directo e indebido en el otorgamiento de la buena Pro a la empresa H.W. Kessel SAC, debido a que los equipos ofrecidos no cumplían con los requerimientos mínimos establecidos en las bases administrativas de los diferentes procesos.
Pese a ello, el comité de selección admitió sus propuestas asignándoles puntajes que no le correspondían, logrando advertirse un comportamiento doloso que tuvieron los miembros del comité en favor de terceros.
Asimismo, el Ministerio Público, sostiene que no solo se trató de un caso, sino de más de 30 procesos, siendo solo cinco los convocados en este proceso.
En parte del argumento se hace mención que todos los funcionarios y servidores públicos deben tener en claro que se rigen bajo un código de ética de la función pública; Sin embargo, parece que a los sentenciados no les importó porque aún sin la presencia de uno de los miembros del comité llevaron a cabo la adjudicación del proceso.
En ese sentido, no solo se vulneró el correcto funcionamiento de la administración pública, sino además de los principios que rigen las contrataciones con el Estado.
Si bien el Ministerio Público, solicitó al juzgado que se imponga a los acusados cuatro años y tres meses de pena privativa de la libertad con carácter efectivo y la inhabilitación de la función pública en el mismo periodo, la ejecución de la pena se declaró suspendida.
Fuente Jornada
