Una serie de irregularidades fueron detectadas por la Contraloría en la Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT), en torno a la obra “Mejoramiento de los servicios de educación primaria y educación básica alternativa en la I.E. Nº 045 Jorge Onías Dios Silva del caserío de Cristales, distrito de Corrales”.

Entre las principales deficiencias que han generado un perjuicio de S/ 109,799.71, figura el pago de S/ 20,296 a un geólogo propuesto por el contratista del proyecto, quien nunca laboró en el cargo.

El informe de auditoría N° 001-2021-2-0475, revela que hay un funcionario y seis exservidores públicos, entre los que se encuentra el actual candidato al Congreso Javier Moquillaza Herrera, con presunta responsabilidad civil y administrativa.

“Fantasma”

Como requisito de plantel profesional en las bases integradas de la licitación, era necesario la presencia de un geólogo para el desarrollo del proyecto; es así que la empresa ganadora B&R Boyer EIRL, propuso en ese cargo al ingeniero Carlos Enrique Ponce Zavaleta.

Sin embargo, Ponce nunca desempeñó esa función; por el contrario, en realidad efectuó la labor de residente de obra y el contratista no hizo el reemplazo del profesional.

A pesar de ello, la Municipalidad Provincial de Tumbes pagó la totalidad de gastos generales, en los cuales se incluyó la remuneración de un geólogo inexistente.

Por tal motivo, la Contraloría advirtió que se originó un perjuicio económico de S/ 20,296.

Irregularidades

El documento al que Correo accedió también precisa que la entidad pagó por metrados de partida no ejecutada; asimismo, metrados de una partida que no fue desarrollada conforme al expediente técnico de la obra.

También se advirtió que hay metrados de 16 partidas que no se ajustan a lo realmente elaborado en la obra; hechos que ocasionaron perjuicio económico por S/ 42,545,07.

De la indagación de la Contraloría se pudo advertir que la Municipalidad Provincial de Tumbes no aplicó de manera óptima la penalidad por mora en la ejecución de la obra.

Según el documento, la Municipalidad Provincial de Tumbes debió haber cobrado una penalidad por 17 días de atraso injustificado, pero solo cobró por 13 días; a raíz de esto se dejó de cobrar S/46 958,64, favoreciendo al contratista, por lo que a su vez, ese monto se convirtió en un perjuicio económico para la comuna.

Acciones

El caso fue derivado a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloria General de la República, para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y exservidores involucrados. El informe también fue puesto de conocimiento del alcalde Jimy Silva.

Fuente Diario Correo

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